Diario de León

Los veterinarios rechazan el cierre de unidades y pide dotarlas con medios

. La Alianza UPA-Coag solicita a la Junta que convoque mesas para informar a los sindicatos y alcaldes afectados.

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El Sindicato Veterinario de Castilla y León (Sivecal) manifestó ayer su rechazo al cierre de unidades veterinarias en la Comunidad, porque no supondría «ni un ahorro económico ni una optimización de los recursos humanos», sino «el desmantelamiento de las pocas estructuras administrativas que quedan en el medio rural y la disminución de la calidad en la prestación de los servicios sanitarios». Informa Ical.

«Si lo que realmente pretende la Consejería de Agricultura y Ganadería es mejorar la atención a los ciudadanos, debería mantener abiertas todas las unidades veterinarias y dotarlas de recursos humanos y materiales», destacó Sivecal.

El sindicato expuso su rechazo ante la reordenación de estas unidades que pretende la Consejería y que supondría el cierre de 29 de ellas. Asimismo, señaló que la solución a la sobrecarga de trabajo de las unidades veterinarias, no pasa por el cierre sino por la «dotación de más personal en aquellas en las que se llevan a cabo un mayor número de actuaciones».

Por otra parte, Sivecal expuso que la redistribución planteada por la Junta de Castilla y León supondría un aumento de las distancias a recorrer desde la unidad veterinaria en cuestión a todas las localidades de su ámbito territorial, con lo cual «no se produciría la teórica optimización calculada a partir de unos simples datos numéricos».

Asimismo, la Alianza UPA-Coag rechaza cualquier cierre de las unidades veterinarias en la Comunidad porque supondría «un grave perjuicio que sin duda incidiría negativamente en el día a día de los ganaderos profesionales». La organización exige «suficientes medidos humanos y materiales para que la administración regional pueda dotar de servicios a los profesionales de la ganadería».

La Alianza solicita a las delegaciones territoriales de la Junta en cada una de las nueve provincias, así como a los responsables de los servicios de ganadería de la administración, que convoquen mesas de trabajo «para dar información a los alcaldes afectados por los posibles cierres así como a las opas».

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