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UPA y Coag exigen que las ayudas de la UE garanticen el relevo generacional

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La Alianza por la Unidad del Campo, formada por las organizaciones UPA y Coag, solicitó ayer al Ministerio de Agricultura que la aplicación de la reforma de la PAC sirva para incentivar al relevo generacional que necesita el sector en la región y, a través de una redistribución más justa, apoyar a los agricultores y ganaderos profesionales.

El secretario regional de UPA, Julio López, aseguró que es necesario cambiar el modelo social agrario de Castilla y León «si queremos que el sector tenga futuro». Para López es insostenible que un tercio de los perceptores de ayudas de las PAC en la región sean mayores de 65 años, y que sólo el 10% tenga menos de cuarenta años. «Si realmente queremos apostar por la agricultura y la ganadería hay que incentivar a los agricultores profesionales y dejar de seguir concediendo ayudas a los agricultores de sofá».

López también pidió al Ministerio de Agricultura que el reparto de las ayudas se lleve a cabo por sectores productivos y no por comunidades, que defina con claridad quién es un agricultor a título principal y que fije en 22,5 millones las hectáreas con derecho a ayudas.

Por su parte, el coordinador regional de Coag, Aurelio Pérez, resaltó que la ganadería es el sector que peor parado sale de esta reforma de la PAC y solicitó que se mantengan las ayudas acopladas en el caso del vacuno de carne. Además, insistió en la falta de relevo generacional, asegurando que las nuevas incorporaciones sólo cubre el 19% de las jubilaciones.

Ambas organizaciones reclaman que se fije en 100.000 euros la ayuda máxima por explotación, y no en los 300.000 propuestos por la Comisión Europea, que se mantenga el 15% de los pagos acoplados y que se reduzca la condicionalidad de las ayudas a las medidas agroambientales.

También criticaron la propuesta de la Comisión Europea de recortar este año un 5% por ciento las ayudas de la PAC, medida que, en el caso de ser aprobada por el Parlamento Europeo, supondría que el campo de Castilla y León dejará de ingresar este año unos 47 millones de euros.

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