Texto íntegro del acuerdo de la Comunidad de Castilla y León sobre la reforma de la PAC

Antecedentes

Desde que se presentara la propuesta legislativa sobre reforma de la PAC en el horizonte 2020, largo y difícil ha sido el proceso de reforma en sus dos vertientes, tanto desde las llamadas perspectivas financieras como de las cuestiones de contenido.

El sector agrario en Castilla y León supone el cinco por ciento del Valor Añadido Bruto, duplicando el valor nacional y cuadruplicando la media de la Unión Europea, si además consideramos su sector asociado, el industrial alimentario, esta participación se eleva al diez por ciento del VAB regional.

A todo esto hay que unir el papel que el sector agrario realiza como gestor de la práctica totalidad del territorio de la región, contribuyendo al mantenimiento y mejora del medio ambiente.

Desde el comienzo de esta última reforma desde Castilla y León todos los grupos parlamentarios así como el conjunto del sector en nuestra Comunidad Autónoma hemos tenido muy presente que apostaríamos de forma unida por una PAC Fuerte que contribuyera a los objetivos de la Europa 2020 y que esté asentada en sus tres instrumentos básicos: apoyo a las rentas, gestión de los mercados y desarrollo rural, esta posición común se materializó de diversas formas, tanto en sede parlamentaria como con acuerdos con el sector.

Por primera vez la Eurocámara ha jugado un papel decisivo colegislando en la reforma de la PAC, donde se ha puesto de manifiesto que la labor del Parlamento Europeo ha sido muy importante para dejar claro que la agricultura es muy diversa en la UE y que hay que tener en cuenta las especificidades de cada territorio.

Entramos en este momento en la recta final de la reforma, con el desarrollo de los denominados "trílogos", diálogo a tres bandas entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo y que permitirán la búsqueda de acuerdos a la hora de introducir modificaciones en los reglamentos, algo anteriormente imposible ya que la Comisión no estaba condicionada a introducir correcciones de aquello que ya había presentado inicialmente.

El Consejo ha dado en esta ocasión más flexibilidad a los estados y por eso es necesaria una mayor concreción por parte del Gobierno de España, pues la verdadera reforma de la PAC comienza a negociarse ahora; esto afecta sin duda a nuestra Comunidad Autónoma, pues comenzará a concretarse el modelo de aplicación regional o nacional.

Por todo ello, con el objetivo de reforzar la posición negociadora del Gobierno de España y de renovar los acuerdos obtenidos por todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León, así como de actualizar su contenido para lograr que los intereses de nuestro país, y por tanto, del sector agrario en Castilla y León, sean defendidos adecuadamente en la fase final de la reforma de la PAC, se presenta la siguiente moción:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a trasladar al Gobierno de España los siguientes objetivos y criterios que, a su juicio, son esenciales para defender, en la última fase de la reforma, la aplicación en nuestro territorio de la futura Política Agraria Común en el horizonte 2020:

1. Garantizar el mantenimiento sin recortes de los fondos que se han venido percibiendo desde 2007 de forma anual en Castilla y León de las actuales asignaciones de la Política Agraria Común.

2. A la hora de definir agricultor activo como perceptor de ayudas, sea tenido en cuenta que se apoye de forma prioritaria a quien ejerce de forma efectiva la actividad agraria y participa activamente en el desarrollo económico, social y medioambiental del medio rural.

3. Delimitar el número de hectáreas elegibles en España y por agricultor.

4. Diseñar un modelo de convergencia interna limitada y pausa en el tiempo que evite distorsiones sobre determinados sectores y modelos.

5. Formular una mayor flexibilización del Greening respecto a la propuesta de la Comisión.

6. Apoyar el incremento hasta el 15 por ciento para las ayudas asociadas.

7. Prolongar hasta el 2020 el régimen actual de las cuotas en el sector azucarero así como salvaguardar los derechos de plantación de viñedos hasta el 2030.

8. Fortalecer las organizaciones de productores y la coordinación de las autoridades nacionales de competencia, que garanticen un trato igualitario a todos los productores".