Las opas rechazan la confrontación por el PDR y recuerdan que los perjudicados son los agricultores

Las organizaciones profesionales agrarias (opas) de Castilla y León rechazaron hoy la confrontación que mantienen la Junta y el Gobierno central por las ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) y recordaron que, mientras, los perjudicados son los agricultores y ganaderos de la Comunidad, en torno a 50.000, a los que aún se adeuda una parte de este plan.

Tras reunirse esta mañana en Valladolid con el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Jaime Haddad, para conocer la versión de Madrid, las opas coinciden en que es necesario acabar con esta polémica y apelaron a la responsabilidad para hacer frente a los pagos de forma inminente.

Así, la Alianza por la Unidad del Campo, integrada por UPA y COAG, calificó de «sorprendente el espectáculo» de ambas administraciones, con versiones tan contrapuestas y en el que las «únicas víctimas los profesionales del sector agrario, que se muestran perplejos ante esta descoordinación».

Desde UPA y COAG lamentan que la información facilitada hoy por el subsecretario «en nada se parece» a la de días atrás de la Consejería de Agricultura en el Consejo Regional Agrario, en la que se acreditaba que había pagos pendientes del Ministerio que ascienden a 26,6 millones.

A su juicio, se trata de una «confrontación dialéctica» que afecta a la cofinanciación del 50 por ciento de fondos comunitarios del Plan de Desarrollo Rural correspondientes al 2012, y que consisten en ayudas imprescindibles como la incorporación de jóvenes, cese anticipado, modernización de explotaciones, mejora de infraestructuras, modernización de regadíos, indemnización compensatorias de montaña, ayudas agroambientales, bienestar animal, forestación de tierras o recuperación potencial forestal.

Haddad confirmó que el próximo viernes habrá otra reunión a nivel técnico de las dos administraciones para avanzar en esta controversia. La Alianza definió de «inaudito» que estas circunstancias ajenas al sector estén convirtiendo a las ayudas recogidas en el Plan de Desarrollo Rural «en arma arrojadiza entre administraciones y que sus efectos tengan como víctimas a muchas explotaciones agrarias, a las que están llevando a un callejón sin salida desde el punto de vista de la viabilidad económica».

Por su parte, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) trasladó a ambas administraciones la conveniencia de que se pongan de acuerdo para agilizar los pagos pendientes a los profesionales del sector agrario de la Comunidad, en concepto de primera instalación, modernización de explotaciones, agroambientales, e indemnización compensatoria, entre otras.

Sin garantías

Por último, Asaja criticó que no haya un compromiso claro del ministerio para que las ayudas que los agricultores y ganaderos deberían haber cobrado en 2012 se cobren a lo largo de 2013 y señaló que el encuentro desarrollado en torno a la financiación del PDR «no se ha traducido en ningún avance claro y, sobre todo, que tenga repercusión en los agricultores y ganaderos quienes, hoy por hoy, no tienen ninguna garantía de que antes de que acabe el año reciban las ayudas comprometidas».

Estas ayudas corresponden, insistió Asaja, a líneas fundamentales para el campo, como son la de primeras instalaciones de jóvenes, planes de mejora de las explotaciones, cese anticipado, indemnizaciones compensatorias, zonas de montaña y desfavorecidas, ayudas bienestar animal, grupos de acción local y apoyo a la industria alimentaria.

La opa manifestó que queda patente la discrepancia que existe entre el techo de gasto que la Junta entiende que debería aportar el ministerio para cofinanciar estas ayudas y el montante que reconoce el propio departamento de Miguel Arias Cañete.

Curiosamente, Haddad valoró la buena gestión que la Junta de Castilla y León ha realizado de estos fondos, «eficacia que paradójicamente ha puesto al descubierto estos problemas de financiación, que no se han planteado en comunidades autónomas que no han tenido siquiera capacidad para afrontar sus compromisos de gasto con presupuesto autonómico».

Asaja reiteró que a día de hoy el Ministerio «no se ha comprometido a nada concreto, ni en cuanto a cantidades ni en cuanto a fechas de pago, ni tan siquiera de las partidas que Madrid reconoce como pendientes de abonar». Para los agricultores y ganaderos, «lo importante es que se den soluciones al problema», por lo que pidió a los responsables políticos «un ánimo más constructivo, puesto que de no resolverse este rifirrafe, quedarían en el limbo 67 millones de euros de gasto público que dejarían de invertirse en Castilla y León hasta el año 2015, en el que finaliza el Plan de Desarrollo Rural en vigor».