LOS EFECTOS DE LA CRISIS
El campo leonés ha perdido 2.254 trabajadores en siete años
UCCL reclama una política agraria para recuperar renta.
Los trabajadores cotizantes en el campo han caído un 22,8% en León desde 2008.
Desde enero de 2008 a enero de 2014, la provincia de León ha perdido 2.254 cotizantes a la Seguridad Social por el ejercicio de la actividad agraria, una cifra que en la comunidad se eleva a 7.998, según denuncia UCCL a raíz de los datos ofrecidos por la Seguridad Social y recabados en un informe por la organización agraria.
Según detallan, enero de 2014 se ha cerrado con 41.826 cotizantes a la seguridad social por el ejercicio de la actividad agraria por cuenta propia en la Comunidad, es decir, han dejado de cotizar cada día cuatro agricultores o ganaderos a título principal (ATPs) en lo que va de año, lo que «pone de manifiesto la tremenda crisis silenciosa que arrastra este colectivo en los últimos años».
Así, partiendo de los datos de enero de 2008, en 6 años, 7.998 profesionales agrarios han dejado de cotizar a la SS en esta región por la actividad agraria, lo que significa en los últimos seis años una disminución de cotizantes superior al 16 por ciento —un 22,8% en León—, una pérdida media de activos de más de 1.300 cotizantes por año y de 4 cotizantes por día.
Para la agrupación, estas cifras ponen en evidencia la necesidad de que las administraciones «comiencen a tomarse en serio la dramática situación que se vive en el sector agrario regional desde hace años». En su opinión, ha llegado el momento de que tanto desde el Ministerio de Agricultura como desde la Consejería de Agricultura se lleve a cabo una verdadera política agraria a favor de los ATPs tendente a tratar de recuperar la renta de estos profesionales, pues, según nuestra opinión, no es suficiente con la gestión de los fondos comunitarios. Para esta organización es básico que las administraciones controlen las «desproporcionadas subidas» que se están produciendo en los distintos factores de producción (gasóleo, abonos, piensos, electricidad…) medidas que «deben ir unidas a otras que corrijan los abusivos márgenes comerciales existentes entre los precios en origen y destino, vinculando, además, la concesión de ayudas a las industrias agroalimentarias a que éstas se abastezcan de materia prima de Castilla y León».