MUNICIPALISMO
Tres mil ayuntamientos presentan ante el TC el recurso por la Reforma Local
Los acuerdos alcanzados en los plenos representan a 17 millones de ciudadanos.
La representación de los municipios, encabezada por Gaspar Zarrías, ayer ante el TC.
Cerca de 3.000 ayuntamientos de toda España —63 de ellos de León, con una representación de 204.000 ciudadanos— gobernados por distintos partidos de la oposición y en representación de unos 17 millones de ciudadanos han presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la reforma local impulsada por el Gobierno del PP.
Encabezados por el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, representantes de la política municipal han acudido al TC para entregar 80 cajas que contienen los acuerdos alcanzados en los plenarios de esos ayuntamientos y que forman parte del recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local.
En declaraciones a los periodistas a la entrada del tribunal, Abel Caballero calificó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como «el mayor ataque al municipalismo que se hizo nunca en democracia» y ha advertido de que tendrá unas «enormes consecuencias negativas para millones de españoles». Según explicó, las entidades locales no podrán seguir aplicando «multitud de políticas sociales» en ámbitos como el empleo, la educación o la sanidad porque no tendrán «recursos, capacidad, ni competencias para hacerlo».
«Privatización masiva»
Por consiguiente, afirmó, este recurso no plantea «un conflicto de luchas de poder», sino «un conflicto en defensa de los ciudadanos», especialmente de aquellos que están siendo «duramente golpeados» por la crisis, y lo que se pretende es evitar «una privatización masiva de servicios municipales que al final va a significar peores servicios y un mayor coste» de los mismos.
El vicepresidente de la FEMP expresó la «inmensa confianza» que tienen en este recurso los ayuntamientos firmantes, que se han puesto de acuerdo, «desde diferentes posiciones políticas», para que se derogue la reforma local. «Deseamos que la tramitación se haga con la mayor celeridad para evitar los daños de la aplicación inmediata», dijo Caballero antes de instar al TC a tener en cuenta «la importancia social» de este recurso.
Por su parte, el presidente del Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña —donde más de 850 ayuntamientos se han sumado al recurso—, Miquel Buch, señaló que los gobiernos municipales están «ganando el partido cuatro a cero».
Según precisó, el primer gol lo marcó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, cuando «acusó a los ayuntamientos de ser malgastadores, duplicar servicios y hacer las cosas mal» cuando la realidad es que «no gastan más de lo que tienen»; el segundo gol fue el primer informe del Consejo de Estado sobre la reforma local; el tercero, la unión de los ayuntamientos para presentar el recurso; y el cuarto, el segundo informe del Consejo de Estado, «que dice que la ley se tiene que cambiar».
El alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), indicó que, «en una situación de crisis profunda», son las familias, las organizaciones del tercer sector y las corporaciones locales —que prestan servicios «imprescindibles» para los ciudadanos— las que están «paliando sus efectos».
Para Carles Pàramo, primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Rosas (Girona) y diputado de CiU en el Congreso, la reforma local constituye «un acto de deslealtad profunda a la ciudadanía española porque se carga la autonomía» y da «un hachazo directo» a la manera que tienen las entidades locales de administrar sus recursos «de la manera más eficaz».