Los cambios

El nuevo ministro apuesta además por fijar un plazo máximo de instrucción, cambiar la denominación del “imputado” y desgajar los macroprocesos en piezas separadas siempre que sea posible para acelerar el enjuiciamiento de asuntos que han culminado la fase de instrucción. Esta medida se incluirá en una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal junto con la adecuación de la regulación de las grabaciones a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe las ambientales, y otras para mejorar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad.