Los países tienen ahora la última palabra

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 13 de enero la reforma de la directiva comunitaria sobre cultivos transgénicos, mediante la cual Europa renuncia a unificar su política sobre los cultivos alterados genéticamente. En este sentido, cada país podrá decidir por su cuenta si usar o no semillas modificadas dentro de su territorio. Este acuerdo fue sometido a votación debido a los desacuerdos entre los distinto Estados pro y anti transgénicos.

Hasta ahora el único cultivo permitido era el maíz MON810, pero esta nueva ley permitirá abrir puertas a muchas otras variedades.

Para España, esta medida no termina de ser beneficiosa. Por un lado permite decidir al país si admitir el cultivo de estas semillas, pero por otro, al ser el mayor productor de maíz transgénico de la UE, le puede afectar de forma negativa que los Estados puedan prohibir la siembra de estos cultivos modificados ya que significará la socavación del mercado. Es decir, habrá una escisión entre los países que autoricen estos cultivos y los que no.

Por otra parte, las organizaciones medioambientales como Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción, Red de Semillas o PALT, han recibido esta nueva reforma como un jarro de agua fría. Desde estas plataformas declaran que «la ley agilizará la tramitación de autorizaciones de nuevos transgénicos a nivel europeo. Para España, esto significará la entrada masiva e incontrolada de cultivos transgénicos, contaminación transgénica de la cadena alimentaria, así como la ruina del sector de la agricultura ecológica».