TRIBUNALES
La defensa responsabiliza a la Junta del fraude en el Tierras de La Bañeza
El jefe de estudios y el secretario dicen que actuaron por mandato de la directora
La primera jornada de la vista oral tuvo una duración cercana a las seis horas
Trasladar la responsabilidad de la presunta estafa de las matrículas de Formación Profesional (FP) del centro privado Tierras de La Bañeza y, en todo caso, que la culpa por la gestión de éstas recaiga en la directora del centro, Adela Posada Ramos, de manera que el jefe de estudios, Manuel Aldonza García, y el secretario, Raúl Aldonza Posada, salgan lo mejor librados posible es la estrategia de la defensa en la vista oral del caso, que comenzó ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
El escándalo de las matrículas falsas se destapó en 2009 y afectó a al menos a 113 estudiantes de toda España, que cursaban módulos de FP en educación a distancia —principalmente Auxiliar de Farmacia y Cuidados Auxiliares de Enfermería— y que, según denunciaron, creían estar cursando la enseñanza con matrícula oficial sin que ésta se hubiera formalizado, a pesar de que satisfacían las cantidades que les exigía la institución educativa.
La primera jornada del juicio rondó las seis horas de duración, siendo necesario aplazar los testimonios de los testigos que iban a intervenir por videoconferencia. Las cuestiones previas y el interrogatorio de la fiscal a la directora de Tierras de La Bañeza fueron las causas del retraso. En las primeras, la defensa planteó una violación del derecho de igualdad, al considerar que el director y el secretario del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vía de la Plata, al que estaba adscrito el centro privado, deberían haberse sentado en el banquillo, porque la Junta les «imputa los mismos hechos y acusaciones». Además, solicitó la nulidad de las actuaciones por la indefensión que supuso no dársele audiencia en unas pruebas complementarias y añadió que la Junta no puede ejercer como acusación particular y, al mismo tiempo, como responsable civil subsidiaria. Fiscalía y acusaciones particulares rebatieron estos argumentos y, finalmente, la sala rechazó las pretensiones de la defensa.
Comenzó entonces el interrogatorio del Ministerio Público a la directora del Tierras de La Bañeza. Adela Posada manifestó haber solicitado la ampliación de las plazas de educación a distancia en el 2008 y negó haber sobrepasado el límite de matrículas «establecido de forma general, que son 100». La Fiscalía insistió en que el centro sólo tenía autorizadas 20 matrículas, a lo que Posada señaló que a cuatro centros de la Comunidad les ampliaron la matrícula en 2009 «y con carácter retroactivo» y calificó de ilegal «que me dieran solo 20 plazas, porque la normativa general establece un mínimo de 20 y un máximo de 100 para toda España».
«No causé ningún perjuicio, porque la gente necesitaba el ciclo con premura para mantener su puesto de trabajo. Además, no cobré a todos, a algunos les he devuelto el dinero, se han examinado y sacado el título y aun así nos han demandado».
El abogado de la Administración autonómica fue mostrando un buen número de documentos en los que se señalaba el número de matrículas concedido al centro y otros en los que presentaba al centro adscrito 20 matrículas y en los que constaba el sello de éste, mientras que en no aparecía en otras relaciones de matrículas fraudulentas.
Las defensas particulares insistieron en que tierras de Las Bañeza cobraba matrícula y pagos trimestrales a los alumnos oficiales y a los que no poseían matrícula, a los que Posada calificó como «alumnos oyentes», a los que admitía para que pudieran sacar la titulación precisa para cursar la FP, pues «no sabían hacer la ‘o’ con un canuto».
El jefe de estudios, Manuel Aldonza, y el secretario de la escuela de FP, Raúl Aldonza —marido e hijo de la directora, respectivamente—, sólo contestaron a las preguntas del fiscal y de la defensa. Ambos insistieron en desconocer el exceso de alumnos hasta que la Junta lo puso en manos de la Fiscalía y lo difundieron los medios de comunicación. Señalaron que actuaban en sus cargos según las órdenes de la dirección.
La defensa insistió en que Educación conocía el problema de las «bastante antes» y no actuó y que en dos ocasiones la Administración comunicó que el número de plazas en educación a distancia se sitúa entre 20 y 100.