EL FUTURO DE LA MINERÍA

El interés político dinamita la reunión para definir un plan de ayuda a las cuencas

Castilla y León defenderá en la UE los argumentos para mantener el carbón mientras Asturias y Aragón denuncian el carácter electoralista de la cumbre

Del Olmo, con Fernández Currás y Nadal.

León

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La Junta de Castilla y León defenderá en Bruselas los argumentos para mantener la minería del carbón, tanto desde el punto de vista de la seguridad del suministro como de sustento para la actividad del conjunto de las cuencas mineras y sus habitantes. Así lo aseguró ayer la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tras la primera reunión del grupo de trabajo creado por mandato del presidente del Gobierno para estudiar la reactivación de las comarcas afectadas por la reconversión.

Del Olmo destacó que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha pedido a las autonomías que participen en esta labor ‘didáctica’ ante la Comisión Europea, que desde el Ejecutivo se asegura que se ha llevado a cabo en los últimos meses.

Mientras, el Ministerio de Industria ultima el Plan de Cierre de la Minería del Carbón en España, que ha sido reformado varias veces y que debe ser enviado a Bruselas como condición previa a la aprobación de cualquier mecanismo para garantizar la compra de carbón. Del Olmo recordó también que el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la orden de pagos por capacidad pactada por el sector obliga a buscar un nuevo mecanismo. «Vamos a estar al lado del ministerio en Bruselas para defender a la minería», señaló la consejera.

Reactivación

Respecto a los proyectos de reactivación de las cuencas, Del Olmo adelantó que la próxima semana se celebrará un encuentro «más técnico» al que la Junta enviará los proyectos que ya tenía elaborados para incluirlos en la financiación de infraestructuras contemplada en el Marco de Actuación del sector desde 2013. Y añadió que el Gobierno contempla la posibilidad por un lado de flexibilizar los criterios de concesión de estas ayudas, de forma que no se limiten a los 31 ayuntamientos calificados como muy mineros, sino que puedan incluir a municipios cercanos en los que la ejecución de obras pueda repercutir en una mejora en las zonas mineras.

«El Gobierno se ha comprometido a estudiar estos proyectos alternativos, y si son viables se dotarán con fondos adicionales».

De momento la Junta urge la aprobación en los últimos consejos de ministros de esta legislatura del convenio marco para la ejecución del fondo de 400 millones para las cuencas contemplado en el Marco de Actuación, de los que 250 millones son para infraestructuras.

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Castilla y León tiene ya elaborado un proyecto de obras, que contempla la inversión de 100 millones, más otros 25 adicionales de cofinanciación.