La minería ignora su plan de cierre
El sector demanda al Ministerio de Industria que haga público el contenido del acuerdo ya aprobado por la . Comisión Europea por el que se regulan las condiciones que deben poner fin a la actividad del carbón nacional. 2 líneas.
maría j. muñiz | león
El preacuerdo fue anunciado por el Ministerio de Industria a finales de abril, y la ratificación del compromiso comunicada por la Comisión Europea esta semana. Pero lo que es el acuerdo en sí sigue siendo una incógnita, más allá de la certeza de que sentencia el cierre de la totalidad de las 26 unidades de producción incluidas en el Plan de Cierre enviado por el Reino de España a las autoridades europeas. Desde la institución comunitaria señalan que es el Gobierno de España el que tiene que hacer público el documento, pero ni las empresas afectadas ni las administraciones autonómicas donde se ubican las explotaciones tienen en realidad conocimiento del acuerdo en sí. Lo que se califica desde algunos sectores como una «lamentable falta de transparencia». Y un capítulo más en la actitud del último Gobierno para con la minería del carbón.
De hecho, el malestar ha sido la tónica general en la tramitación de este plan de cierre en los más de cuatro años que ha tardado en gestarse definitivamente y ser aprobado. Un trasiego de propuestas de las empresas tamizadas por el Ejecutivo y rechazadas varias veces por las autoridades europeas, hasta que finalmente se envió el último documento, con las condiciones de cierre que ahora deberán aplicarse. Un documento que, por cierto, no cumplió el preceptivo trámite de comunicación y período de alegaciones a las partes que podían hacerlas.
Lo que se sabe es que toma cuerpo definitivamente la Decisión 2010/787, que el Consejo de la Unión Europea adoptó en diciembre de 2010, al final de la presidencia española de la Unión. Con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un plan de cierre que ha sido gestionado con no pocos tropiezos por el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy. Y que Europa sanciona con ayudas para «facilitar el cierre de las minas»; dentro de su política de fomento de las «fuentes de energía renovables, una economía sostenible y segura de baja emisión de carbono y la disminución del carbón autóctono en la combinación energética de la UE».
