«Como no fueron al juzgado, vino a la otra noche y a la siguiente y otra... a tocarme»

«No tengo nada contra la Iglesia, sino contra ciertas personas que son sacerdotes», aseguró ayer F.L., una de las víctimas del cura Ramos Gordón, apartado por abusos sexuales a menores cuando estaba en el seminario de La Bañeza. En su conversación con Diario de León, abundó en que algunos de los sacerdotes que cita en la carta en la que expuso los hechos al papa Francisco actuaron con rectitud.

Es el caso del vicario episcopal de Ponferrada y del Sector de Pastoral Social, Francisco Javier Redondo de Paz. Era formador en el seminario cuando se produjeron los abusos y a él acudieron los muchachos en busca de amparo. «Redondo es un buen tío. Lo siento por él, pero está en el mismo paquete».

La víctima considera que el actual vicario para Ponferrada «dijo la verdad en su declaración» durante el proceso en la diócesis y no deja dudas sobre el presbítero cuando afirma que «informó a sus superiores y no habló del tema con nadie, ni con José Manuel Ramos». Pero Redondo no era el tutor de las víctima, sino Juan Herminio Rodríguez, al que los chicos no se confiaron —ya habían hablado para entonces con el rector— «porque nos hubiera pegado». Para Redondo sólo guarda un reproche: «Le faltó ir al juzgado y, como no lo hizo, el otro vino a la otra noche y a la siguiente y otra... a tocarme». F.L. asegura que tampoco responsabiliza al arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, aunque lo cita en la carta al papa «porque era rector en Astorga».

Denunciante y víctima —calificativo este último que aborrece— de abusos sexuales en el Seminario Menor San José, de La Bañeza, no busca «fama ni dinero ni perdón. Sólo quiero vivir en paz». F.L., que escribió al papa en noviembre de 2014 para exponerle su caso, el de su hermano gemelo y el de otros dos alumnos del centro, accede a hablar para Diario de León, pero manteniendo el anonimato, sin entrar en detalles que puedan identificarlo.

La pena que el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha impuesto al autor de las agresiones, el sacerdote José Manuel Ramos Gordón, no le satisface. «Estoy muy enfadado», manifiesta con la auténtica rabia de alguien que ha visto a su agresor y a quienes asegura que le encubrieron continuar medrando: «Ellos han hecho su vida, su carrera, y son casi santos. ¿Y mi vida? ¿Cómo ha sido mi vida? Yo, calladito y para casa. Eso es lo que querían ellos».

F.L. recibe asistencia psicológica por aquellos tocamientos obscenos que no consintió hace ahora 28 años, en el curso 1988/1989. Abusos que han afectado «a mis relaciones sociales y de pareja, por supuesto. A poca gente le he dicho lo que ocurrió, pero cuando termino de contárselo me dicen: ‘ahora entiendo’. Y les pregunto por lo que comprenden y callan». Un silencio ilustrativo. El exseminarista revive aquellos días de su adolescencia «como si no hubiera desconectado de todo aquello».

Defiende que su denuncia no es de ahora, sino de hace tres décadas. «Se lo dije a todo el mundo, aunque algunos no se quieran dar por aludidos», señala en referencia a las revelaciones que junto a su hermano y otro compañero hicieron al rector del seminario y a otro de los formadores. Si no hubo una denuncia ante el juzgado fue porque «si las autoridades de ahora son malas, imagínese las de entonces. Además, vivíamos en un internado, casi como monjas. No se nos ocurría eso. Estabas encerrado en un sitio donde corrías el riesgo de que te hicieran sangre».

El proceso se cerró sin que F.L., natural de un pequeño pueblo leonés, reclamara una cantidad concreta por daños morales. «El instructor, Julio Alonso, me lo preguntó una, tres y diez veces: ‘¿Qué quieres?’ Y yo no quiero un millón de dólares como han pagado en Estados Unidos, pido retroceder en el tiempo y que esto no hubiera sucedido. Pero eso es imposible. El notario, Francisco Javier Gay, pidió la palabra y dijo que no existen unas tablas indemnizatorias. Pero dejé muy claro que mi moral me impide poner una cifra. Mi niñez vale más que cualquier cantidad. Y entonces pusieron: ‘como en otras partes del mundo’».

El denunciante matiza: «Sólo ellos hablaron de reparación económica y durante el proceso me ofrecieron 50.000 euros, aunque luego lo negaran ante el obispo».

El perjudicado acudió a la llamada del instructor en mayo de 2015, «cuando ya tenían hecha la investigación» y «sin abogado. Me volví a meter en el infierno», porque el proceso administrativo-penal «fue pasarme la mano por el lomo y mandarme de nuevo a casa», porque si un hombre de Dios me dice que han apartado a eses señor y luego lo ves diciendo misa... Me han tomado el pelo. Yo no quería esto. Si me hubieran tratado con más delicadeza... Dejé en sus manos la resolución y creo que se han aprovechado de mi buena fe».

Ahora, un letrado defiende sus intereses. «Insiste en que la compensación económica por el daño es un derecho». Asegura que en la segunda carta al papa, en la que se quejaba por la pena, advirtió al pontífice de que iba a dar publicidad a lo sucedido.