MUNICIPIOS ■ TRANSPARENCIA
El Defensor del Pueblo envía al alcalde de la Pola a la Fiscalía por «entorpecer» su labor
No colaborar con instituciones conlleva una pena de entre seis meses y dos años de suspensión.
Francisco Castañón, en un pleno.
m. r. / j.a.b.p. | león / la pola
El Defensor del Pueblo ha enviado a la Fiscalía General del Estado la «presunta actuación obstaculizadora» del alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón a la actuación de la institución, una medida que ha adoptado también con los regidores de otros diez municipios del país. Así lo recoge el Defensor del Pueblo en el informe del año 2016, hecho público ayer, en el que se añade que espera que la Fiscalía inicie «las acciones oportunas y se valore si es de aplicación el artículo 502.2 del
Código Penal». Dicho artículo recoge que obliga a las entidades sometidas a fiscalización pública a colaborar con la institución fiscalizadora, en este caso, el Defensor del Pueblo. Este delito está penado con entre seis meses y dos años de suspensión de empleo o cargo público.
El alcalde señaló ayer que el Ayuntamiento mantiene abierto un expediente con el Procurador del Común desde hace ya tiempo y está todo «en regla». Castañón asegura que «toda la documentación que se ha requerido está enviada en tiempo y forma», y por lo tanto la única «idea que se me ocurre es volver a revisar dicho expediente y en su caso transferir de nuevo la documentación que nos solicitan, enviada en tiempo y firma».
El regidor gordonés remarcó que si falta información nos la requieran y en su caso «solicitar una entrevista con el propio Procurador de lo Común, para poder zanjar la situación pendiente con nuestro ayuntamiento».
Junto a Castañón, también se ha trasladado a la Fiscalía la actuación de los alcaldes de Barruelo de Santullán (Palencia), Cadaqués (Girona), Colmenar de Oreja (Madrid), El Viso de San Juan y Gerindote (Toledo), La Unión (Murcia), Macael (Almería), Mazarrón (Murcia), Molvízar (Granada) y Nerja (Málaga).
Según el informe, una administración entorpecedora es aquella que ha dificultado u obstaculizado el trabajo del Defensor del Pueblo, ya que por ley están obligadas a contestar sobre la información que esta institución precisa para sus actuaciones. Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y, en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones, según el informe.
Matallana de Torío
El documento también menciona al Ayuntamiento de Matallana de Torío, como uno de los que no colaboran con la Dirección General del Catastro en la comunicación real del planeamiento en los polígonos, lo que ha impedido actualizar todos los inmuebles a su valor real. En el año 2016 muchos de estos inmuebles han continuado tributando como urbanos.