La Audiencia ve imposible investigar el fraude de las ayudas al carbón

maría j. muñiz | león

La Audiencia Nacional considera imposible investigar el presunto fraude en el cobro de las ayudas al carbón por el que el Juzgado de Instrucción Número 5 de Ponferrada imputó a cinco empresas y doce empresarios mineros, y muestra su sorpresa por la absoluta falta de control sobre las cantidades producidas, suministras o importadas. El Ministerio Fiscal elogia la labor de investigación llevada a cabo por el juzgado berciano, pero insiste en que es «imposible establecer la veracidad o falsedad de las afirmaciones realizadas por las empresas mineras subvencionadas respecto de las cantidades de carbón efectivamente extraídas en la minería de interior», por lo que solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

El procedimiento se inició en julio de 2013, con una investigación sobre presunto fraude en las subveciones cobradas con cargo a las ayudas por pérdidas de la producción, que se pagaban anualmente para sostener la competitividad de la industria minera nacional. Y que eran gestionadas por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.

Aunque la identidad de los doce empresarios imputados se ha mantenido en el anonimato, sí se conocen las empresas investigadas (Coto Minero Cantábrico, Unión Minera del NOrte, Hullera Vasco Leonesa, Hijos de Baldomero García, Alto Bierzo y Carbones Arlanza). Las ayudas investigadas son las pagadas entre los ejercicios de 2007 y 2012; y la acusación era la de falsear las condiciones requeridas para su concesión y ocultar aquello que hubiese impedido cobrarlas.

Ante el volumen de información acumulado por el Juzgado, decidió inhibirse y solicitar a la Audiencia Nacional que siguiera el proceso. Sin embargo, según la provindencia enviada como respuesta al juzgado recientemente, se concluye la imposibilidad de «determinar con claridad indicios de responsabilidad criminal lo suficientemente sólidos como para determinar la continuidad del procedimiento».

El documento refleja que sobre las cantidades de carbón y su destino existen «abundantes cifras que no se encuentran determinadas de modo concreto, sino a través de aproximiaciones o estimaciones». Pone como ejemplo que el carbón que se importa por barco es «estimativo», y que los planes de labores de las empresas tienen estimaciones de producción, pero no datos «concretos y específicos» sobre la «efectiva cantidad de carbón producida».

Tolerancias del 35%

La argumentación recoge tamibén que los márgentes de tolerancia en cuanto a la cantidad de carbón a extraer de modo efetivo por las mineras tiene «un margen de maniobra verdaderamente importante» para lo que es el mercado y para determinar las subvenciones a recibir. «El margen de tolerancia ha llegado a extremos del 35% sobre la producción a subvencionar», lo que implica «enormes dificultades para concretar la cantidad efectivamente extraída».

Todas estas circunstancias hacen «imposible demostrar la existencia del fraude» en las subvenciones por la extracción de carbón de interior. «En todas las ocasiones en las que se ha intentado desde el juzgado y desde la Fiscalía la obtención de datos fiables sobre las cantidades de mineral efectivamente extraído nos hemos encontrado estas dificultades, dando con ello al traste con los intentos de determinar de modo efectivo las mismas de cara a poder realizar una imputación más concreta y específica sobre los hechos denunciados».

Y, puesto que no se posible establecer si las declaraciones de las empresas o las acusaciones realizadas son verdaderas o falsas, la Audiencia Nacional reclama el sobreseimiento de las actuaciones, después de casi cuatro años de investigación llevada a cabo.