La Junta tumba las alegaciones contra el nuevo decreto de caza
Los ayuntamientos se sienten perjudicados y sin posibilidad de defender sus derechos.
Los alcaldes abogan por redactar un modelo de gestión de las reservas más participativo. NORBERTO
JOSÉ Mª CAMPOS | RIAÑO
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha desestimado, una a una, las alegaciones presentadas por los municipios de las reservas de caza de Riaño y Mampodre al nuevo decreto de la regulación de la caza en Castilla y León. Riaño, Burón, Oseja de Sajambre, Puebla de Lillo, Maraña, Boca de Huergano y las juntas vecinales de Valdeón, Barniedo, Llánaves y Portilla de la Reina demandan una mayor participación de sus representantes en la gestión de la reserva de caza. Además, sostienen que las entidades propietarias de los terrenos, dentro de los permisos, tuvieran la opción de poder adjudicar legalmente permisos a los cazadores vecinos o locales. Por otro lado, pedían que se determinase una cuantía fija de tantos por ciento de los distintos tipos de permisos entre los cazadores vecinos y los no vecinos. «Se trata de que los cazadores de estos municipios tuviesen algún beneficio ya que parte de sus terrenos están siendo utilizados para la explotación cinegética de la reserva regional de caza», señalan los alcaldes de estas reservas de caza.
Por este motivo, exigen que se tuviese más en cuenta el papel de la entidad propietaria a la hora de la gestión de la caza en las juntas consultivas ya que «actualmente a las entidades propietarias no se las hace caso ya que sus propuestas nunca se han tenido en cuenta», lamentan los ediles.
Consideran urgente que se vuelva a recuperar los fondos ZIS necesarias para la realización de inversiones en estos municipios. Además, opinan que «la dirección técnica no rinde cuenta a nadie y debería someterse a un efectivo control de la junta consultiva, que no puede limitarse a informar».
Para la Dirección General de Medio Ambiente la Junta Consultiva se regula mediante orden de la consejería competente. «Los propietarios están representados en la juntas consultivas por miembros que ellos mismos han elegido y por tanto tienen su representación y participación para elaborar los planes de actuación con el fondo de gestión y otros asuntos relacionados con la gestión de la caza», aseguran.
Los alcaldes denuncian que con los gastos necesarios para el control del aprovechamiento, en la práctica se están encareciendo los permisos de los cazadores lo que repercutirá negativamente en la recaudación del titular del aprovechamiento. Para la Junta se trata de que el cazador adjudicatario compense por lo servicios que se le prestan en el desarrollo de la cacería. «En modo alguno ha de repercutir en el propietario del terreno, ni implica necesariamente el abaratamiento del precio de subasta», explican.
Los alcaldes abogan por defender la subasta de los permisos de caza a través de la página web para evitar el fraude de las subastas presenciales al concurrir de forma anónima desde cualquier punto cazadores interesados, incrementando la recaudación obtenida. «El decreto debe fomentar este método de subasta», asienten.