Tres Provincias estudia reclamar por vía judicial la indemnización por San Glorio

maría carnero | león

Tres Provincias, la promotora responsable de la frustrada estación de esquí alpino en San Glorio, entre las provincias de León y Palencia, anunció ayer que ha contratado los servicios de un prestigioso despacho de abogados de Madrid para que estudie las posibilidades reales que tiene para reclamar a la Junta de Castilla y León por la vía judicial una indemnización de tres millones de euros en concepto de daños y perjuicios por la «mala praxis» que a su juicio ha llevado a cabo por la administración autonómica para la puesta en marcha del proyecto.

Este anuncio se ha producido después de que el Consejo Consultivo de Castilla y León emitiera un dictamen en el que se desestima la pretensión de la empresa de reclamar la responsabilidad patrimonial a la administración autonómica por los trece de informes técnicos, de considerable valor económico, con las correspondientes modificaciones impuestas por la Junta de Castilla y León, y por la realización de una amplia campaña de información entre los ayuntamientos afectados por la estación. Sólo en la redacción del proyecto, que ocupa un total de nueve mil folios, se invirtieron casi dos millones de euros, de los cien que contempla la ejecución de la estación.

El consultivo esgrime que desde las distintas consejerías por las que pasó el proyecto se advirtió a los promotores de las «escasas» garantías del proyecto y se denunció las «imprecisiones, errores y deficiencias de calidad» de la documentación presentada por la empresa. A pesar de ello, la propia consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León declaró a San Glorio proyecto de interés regional e, incluso, aprobó una ley para modificar su propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Fuentes Carrionas, hoy conocido como Parque Natural de la Montaña Palentina, para permitir el esquí alpino es esta zona de alta protección medioambiental. A pesar de esta apuesta decidida de la administración autonómica por el proyecto, el Tribunal Constitucional estimó en marzo 2015 la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sobre la maniobra legal orquestada por el Gobierno autonómico para llevar a cabo la estación.

Una «expectativa de negocio»

En la resolución del Consultivo, la Junta se desdice de su interés por el proyecto, por el que llegó a aprobar una ley que le diera respaldo legal, asegurando que «lo consideró sólo como una expectativa de negocio», a pesar de que siempre se vendió como el gran proyecto para dinamizar la zona oriental leonesa y palentina, tan azotadas por la despoblación por la falta de recursos económicos tras el fin de la actividad minera en la zona.