Un conflicto que afecta a cuatro consejerías que no mueven ficha

El conflicto del puerto de Pinos, que arrastra casi un siglo de historia desde que Mieres comprara los terrenos a la Fundación Sierra Pambley en 1926, afecta a cuatro consejerías de la Junta de Castilla y León que hasta la fecha no se han posicionado ni han realizado ninguna gestión que logre evitar las tensiones entre los ganaderos de León y Asturias. Tan solo se ha logrado crear una mesa de trabajo, un año después de la iniciativa aprobada en las Cortes de Castilla y León a propuesta del PSOE de León.

En concreto, en el problema territorial, que surge a raíz de que una administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Mieres, sea titular de un terreno en otra comunidad autónoma, debería intervenir la propia Consejería de Presidencia. Por su parte, la de Agricultura y Ganadería debería tomar parte ante las competencias ganaderas que el Ayuntamiento asturiano está ejerciendo de manera impropia en otra comunidad, a través del reglamento redactado en 1980 por el propio consistorio de Mieres, y que en la actualidad contradice la Ley de Bases de Régimen Local. Tanto el conflicto de los pastos, como la normativa que afecta a los mismos —hay que tener en cuenta de que se trata un parque natural afectado además por varias figuras de protección—, como la carretera que da acceso al puerto desde León, con un expediente en marcha de 2012 para su reparación, son competencia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Por último, tanto la Casa de Mieres, como la capilla—hoy convertida en cuadra—, competen a la Consejería de Cultura y Turismo.

Ninguna de las consejerías se han manifestado hasta el momento sobre su responsabilidad en el conflicto de Pinos.