Las acusaciones rechazan la suspensión de la condena de prisión a Victorino Alonso por la destrucción de un yacimiento prehistórico

Las acusaciones en el juicio celebrado contra el empresario minero leonés Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, y el Gobierno aragonés, como actor civil en la causa, han rechazado la petición de suspensión de la condena de dos años de prisión.

Ésta le fue impuesta al no haber hecho frente a la indemnización reclamada. El empresario fue condenado por el Juzgado de lo Penal de Huesca a 2 años y 6 meses de prisión, así como al pago de una indemnización de 25,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, por la destrucción del yacimiento.

La sentencia fue confirmada parcialmente por la Audiencia oscense, que se limitó a rebajar la condena a dos años, pero manteniendo al indemnización reclamada. Tras esta sentencia, el Juzgado de lo Penal requirió a Victorino Alonso a que entregara la cantidad demandada en un plazo de quince días, auto al que respondió el pasado 6 de marzo el empresario con una petición de suspensión de la ejecución del fallo.

En su escrito de oposición a la suspensión de la sentencia, el Gobierno aragonés advierte al magistrado de que la declaración de insolvencia del acusado no es "requisito suficiente" para optar a la paralización de una condena privativa de libertad. Señala el representante de la administración autónoma que el condenado no ha llevado a cabo ninguna actuación que ponga de manifiesto una intención clara de satisfacer la indemnización reclamada.

Reclama este letrado, además, la realización de una nueva indagación en torno al patrimonio del empresario, advirtiendo de que "habrá que investigar más allá de la apariencia declarada a efectos fiscales, puesto que existe previa condena por defraudación tributaria". Asimismo, solicita que se revise la cantidad "mínima" que le fue embargada de su pensión al empresario, superior en cuantía a los 3.000 euros, y que se mantenga esta situación en el tiempo.

El Gobierno aragonés, por otra parte, acepta la entrega de la finca de caza de Bastarás, donde se ubicaba el yacimiento, como pago parcial de la deuda, aunque rechaza que esta transmisión, que se valoró en 12 millones en instrucción, cubra la totalidad de la deuda. También reclama que se investigue la situación patrimonial de la sociedad gestora del coto de caza, Fimbas, condenada como responsable civil subsidiaria por su vinculación directa con el empresario. El ministerio fiscal también se ha opuesto a la tramitación de la petición de suspensión de la condena al no haber satisfecho la indemnización requerida el acusado. Al planteamiento del Gobierno aragonés se han adherido las acusaciones particulares de Ecologistas en Acción y de Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), representadas, respectivamente, por los letrados Pablo Malo y Pilar Villellas.