Provincia ■ Juntas vecinales
Majo exige a la Junta que regule las funciones de secretaría en las pedanías
El presidente de la Diputación aboga por dotar de seguridad jurídica a las juntas vecinales.
A. Valencia | León
El futuro de las juntas vecinales ha encontrado una tregua tras la decisión de que los vecinos de los pueblos puedan seguir actuando como secretarios. Una medida que, aunque no es definitiva ni probablemente la solución al problema, como dijo ayer el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, sí da un respiro a las últimas semanas de incertidumbre.
De hecho, el presidente provincial agradeció al Ministerio de Hacienda el hecho de que «se haya dado cuenta de que este supone para León un grave problema al concentrar más de 1.200 juntas vecinales», un tercio del total de España, y reconoció que ahora es el momento de «plantear alternativas y soluciones», para lo que «la Junta de Castilla y León tiene mucho que decir», ya que «en el desarrollo posterior de la norma tendrán que ver los organismos autonómicos».
Majo también se mostró confiado en que la moratoria del Real Decreto se conseguirá y explicó que, en su opinión, «quizá derogar el decreto no sea la mejor solución», apostando por buscar «una modificación» que «dé seguridad jurídica» a las entidades locales menores, ya que «si se deja permanentemente el secretario-vecino, llegará un momento en el que esa Administración local no sea válida», reflexionó.
Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía ayer un anuncio del Tribunal Supremo que daba cuenta del recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de León (Cositleon) contra el decreto, con el fin de que conceder un plazo de nueve días para personarse en la causa a quienes «tengan un interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada».
Por su parte, el diputado provincial de Coalición en Común-IU, Miguel Flecha, manifestó ayer en un comunicado que la interpretación del ministerio sólo aplaza el problema «un año» e insistió en que es el Servicio de Asistencia a Municipios el encargado de prestar los servicios de secretaría-intervención en las entidades locales menores y exigió a la Diputación que no mire «para otro lado».
Izquierda Abierta (Izab) exigió la dimisión de Majo, por anunciar unas «soluciones» que no ve materializarse y criticó al Gobierno central y a la Junta por eludir sus compromisos.