Infraestructuras en la reserva
El Marco de Actuación 2013-2018 estableció un compromiso presupuestario de 250 millones para desarrollar las comarcas afectadas, sin embargo, el Gobierno reconoce que «durante estos años ha sido necesario abordar la liquidación y cierre de los convenios específicos adoptados al amparo de los anteriores planes de la minería, que se vieron afectados por las restricciones presupuestarias derivadas de la grave crisis económica». Las autonomías han planteado en estos años «reclamaciones de pagos tanto en el orden jurisdiccional (Asturias y Andalucía) como por vía administrativa (Castilla y León, Cataluña y Galicia) que han debido atenderse, determinando caso por caso» el pago o la pérdida de derecho a cobro.
El ministerio relata las comisiones de cooperación que se han mantido con cada autonomía. Y apunta que está prevista la celebración de otras nuevas para «seleccionar los proyectos y tramitar los convenios específicos correspondientes, antes de que finalice el ejercicio». De hecho, sólo en actuaciones de restauración ambiental se estima un gasto hasta 2022 de 133 millones de euros.