La diócesis cede sus casas en los pueblos para vivienda social

a.g. valencia | astorga

Con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda social en los pueblos —y como ya se hiciera con la diócesis de León—, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, suscribieron ayer un protocolo de colaboración para incorporar nuevas viviendas al Parque Público de Alquiler Social que la administración autonómica pone a disposición de las familias del medio rural con dificultades económicas y que en la provincia de León cuenta ya con 128 viviendas, que ascienden a 1.876 en el conjunto de la comunidad. Tanto el consejero como el prelado coincidieron en el interés de utilizar viviendas rectorales propiedad de la iglesia para ofertarlas en régimen de alquiler social y facilitar así el acceso a personas que, por su situación personal, social o económica, no pueden tener acceso a una vivienda en el mercado libre.

Ahora será una comisión mixta, formada por el Obispado y la Junta, la encargada de valorar las características de las viviendas propuestas para redactar las memorias de las obras de rehabilitación. De esa comisión saldrá también el número final de inmuebles que se acondicionarán en la diócesis.

Las viviendas que se incorporen contarán con todo tipo de servicios, evitando el deterioro del patrimonio inmobiliario de los diferentes núcleos rurales. En esta línea, Suárez-Quiñones insistió en la necesidad de incorporar el medio rural a las políticas globales de vivienda y destacó que estos programas contribuyen a fijar población en los pueblos.

El consejero aprovechó para destacar que en las ayudas al alquiler, la administración ha duplicado su presupuesto en esta legislatura hasta los 15,3 millones. Además, incidió en que se está ultimando la convocatoria de las ayudas a los jóvenes menores de 35 años para la compra de vivienda en municipios de 5.000 habitantes, que cubrirán el 50%, frente al 40% del año anterior.