La Junta admite el «serio problema» de acatar las sentencias sobre el lobo

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, reconoció ayer la existencia de un «serio problema» en Castilla y León para actuar en el control de la población de lobo, algo que atribuyó a las sentencias judiciales emitidas, que sin embargo reconoció que el Ejecutivo autonómico acata. «Ya no sabemos a qué atenernos», reconoció ayer la consejera ante los medios de comunicación.

Marcos incidió en que la Junta está trabajando «de forma decidida» para paliar esta problemática mediante la regulación con los elementos jurídicos que sean necesarios, aunque algunas sentencias judiciales «interpretan otras cuestiones», lamentó. Aunque recalcó la existencia de una sobreexplotación del lobo con datos «contundentes», esta situación está perjudicando a la actividad económica en el medio rural, y de forma más concreta a la ganadería.

«Son muchos millones los que se están perdiendo como consecuencia de que no se puede actuar como se venía actuando hasta este momento a pesar de la explotación del lobo», dijo, pero matizó la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias judiciales «por mucho que sepamos que perjudican a un sector de la economía importante en Castilla y León en el medio rural», dijo.

Sobre la posibilidad de que el ganadero pueda defenderse de los ataques de lobo, Marcos recalcó que es una medida que se está estudiando y que ya se está aplicando en otros países. Sin embargo, estimó que «no es la solución» porque la defensa del ganadero es sinónimo de que está siendo víctima de un ataque. «Hay que evitar los ataques, no tenemos por qué estar expuestos a esto cuando hay una posibilidad que marca la directiva europea y hay datos que demuestran que se está generando un problema, no de protección del lobo, sino de protección de la economía del medio rural y de la ganadería en concreto», concluyó.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) desestimó el pasado mes de julio el recurso de reposición que la Junta de Castilla y Léon interpuso contra la medida cautelar de suspender el aprovechamiento cinegético del lobo para las temporadas 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. Esta medida fue solicitada por la asociación conservacionista Ascel y estimada en su día por el alto tribunal de la Comunidad.