El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar la reforma local
PSOE y PP unen sus votos para rechazar que se eliminen las diputaciones provinciales.
dl | león
El Congreso aprobó ayer una propuesta del PSOE para instar al Gobierno a derogar la reforma local y para que se elabore una nueva normativa que refuerce la autonomía de los municipios, y garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas.
Ha sido en la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja, que, con el voto en contra del PP, ha acordado emplazar al Gobierno a derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Ley Montoro, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
También se ha reclamado una nueva normativa para que las competencias que, no siendo propias de los ayuntamientos, puedan desarrollarse previo convenio sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública.
Se aboga por impulsar, desde el consenso, una nueva ley de haciendas locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias de los ayuntamientos, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y en los de las comunidades.
El PSOE entiende que la reforma local supuso un «ataque frontal» a la autonomía municipal y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía.
Los ayuntamientos, señala el texto de la propuesta, han sido las administraciones públicas que han sufrido las políticas de austeridad «más agresivas e insolidarias», y las ha privado de las competencias en servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como consumo, igualdad o políticas de empleo.
De ese modo, los ayuntamientos se han convertido en meros gestores de decisiones «ajenas», se quejan los socialistas.
Por otro lado, los votos del PSOE y el PP se unieron para rechazar una propuesta de Compromís que abogaba por reformar la legislación para que las comunidades autónomas pudieran decidir sobre la eliminación de las diputaciones provinciales.
El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, explicó que con esa reforma no se obligaría a ninguna comunidad a eliminar las diputaciones, pero sí se les daría la potestad de hacerlo.
Baldoví considera que las diputaciones son instituciones más propias del siglo XIX que del XXI, cuya existencia es «difícil de justificar» en un Estado descentralizado como el actual y ante las «profundas demandas de regeneración democrática» expresadas continuamente por la ciudadanía.
A su entender, las diputaciones son un «pesado entramado institucional totalmente prescindible» ante la existencia de las comunidades autónomas y el necesario fortalecimiento de la autonomía local, junto a la promoción de entidades de colaboración supramunicipal como las mancomunidades.
Sin embargo, Susana Sumelzo, del PSOE, ha defendido el papel «esencial» de las diputaciones en aquellos municipios pequeños -la inmensa mayoría de los 8.124 que hay- para garantizar la solidaridad y el equilibrio y para asegurar la prestación de servicios que esos pueblos no pueden ofrecer por sí mismos.
Desde el punto de vista económico, añadió Sumelzo, su supresión no supondría ningún ahorro para el Estado, porque sus funciones deberían ser realizadas por otra administración o por otros entes creados a tal efecto.
Además, subraya que para eliminarlas no basta con cambiar la Ley de Bases del Régimen Local, sino que sería necesaria una reforma constitucional, lo que requiere un amplio consenso que «no se da en este momento ni en esta Cámara ni en la sociedad».
José María Barrios, del PP, tampoco se mostró partidario de la propuesta y señaló que su existencia es pertinente porque hay 15 millones de españoles que viven en el medio rural y a los que las diputaciones prestan servicio.
Según Barrios, la proposición de Compromís trasluce «un desconocimiento» de la España rural, despoblada, cuyos problemas no se arreglan eliminando diputaciones, sino potenciándolas.
La misma comisión del Congreso ha dado el visto bueno, por contra, a una proposición no de ley del PP para el reconocimiento público a la «imprescindible» labor de las diputaciones en cuanto a la cohesión social y la vertebración territorial del Estado.