El Gobierno estudia demandar a Azucarera por incumplir el AMI

DL | Redacción

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) se comprometió ayer ante los responsables del sector remolachero de las organizaciones agrarias a estudiar el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) de la remolacha con el fin de analizar si existen resquicios para que los productores puedan recurrir ante la justicia ordinaria la propuesta de Azucarera de reducir el precio de la tonelada de remolacha a partir de la próxima campaña.

El secretario general de Agricultura recibió a los miembros de las tres organizaciones agrarias —UPA, Coag y Asaja—, que le expresaron la necesidad de que el Gobierno tome la iniciativa en defensa del sector productor español, informó la Agencia Ical. En el encuentro, las organizaciones trasladaron al representante ministerial su preocupación por el sector ya que la propuesta de la industria supone que unos remolacheros «van a perder una parte importante de los ingresos y una parte importante de estos va a dejar el cultivo», lo que se traducirá en una pérdida de riqueza para las zonas remolacheras, que repercutirá en las empresas de servicios y en el empleo de la Comunidad, según expuso en la reunión el secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado.

El ministerio reconoció conocer el problema gracias al «contacto permanente» del Gobierno con los ejecutivos autonómicos. Sin embargo, compartió con las organizaciones la percepción de incumplimiento por parte de Azucarera del AMI en el quinto y último año del acuerdo, de ahí el compromiso de estudiar jurídicamente el acuerdo para ver las posibilidades de llevarlo ante la justicia para intentar frenar ese bajada «unilateral» propuesta por Azucarera.

Planificar las siembras

Asaja confía en que el ministerio «le ponga mala cara» a la compañía azucarera en una posible reunión entre Agricultura y Azucarera, pues su decisión «va en contra de los intereses del mundo agrario y el Estado está para defenderlos», insistió Turrado.

«Hemos pedido que, si hay posibilidad de influir en ellos para revertir esta situación, lo hagan», añadió Turrado, que solicitó que se haga «de forma inmediata», porque tras las navidades los agricultores decidirán sobre sus planes de siembra de primavera.

Turrado aclaró que sólo una solución hubiera dado lugar a una evaluación satisfactoria del encuentro. Sin embargo, agradeció el respaldo del departamento de Luis Planas, que «nos entiende y no comparte la decisión de Azucarera», por lo que confía en que actúe con todos sus medios. «No le hemos pedido más ayudas al Ministerio. La solución al problema no viene porque la administración se rasque más el bolsillo, porque sería inmoral que la remolacha tuviera más ayudas públicas, sino que el problema lo tienen que salvar los precios, y si el sector no se puede recuperar, evidentemente tendría que reestructurarse de una forma ordenada».

Por parte de la Alianza Upa-Coag, Ignacio Senovilla, señaló que han solicitado al Gobierno que le pida a Azucarera que dé marcha atrás en la propuesta y que cumpla con el AMI. «El próximo AMI, que es para otros cinco años, ya hablaremos de lo que hay que hablar», indicó ante una próxima negociación. Hasta entonces, el compromiso de Azucarera es el pago a 42 euros por tonelada, «que hay que mantener.

El Arbitrio del ministerio

Apuntó que si bien el el Gobierno ha trasladado su apoyo a las organizaciones agrarias, también ha evidenciado sus limitaciones al tratarse de una multinacional privada. «Las limitaciones son las que son, pero van a intentar lo que sea posible en este tema», porque es el Gobierno quien homologa los acuerdos interprofesionales y, como tal, es quien tiene que ejercer de «árbitro» y tiene «bastante que decir», consideró.

Será después de las navidades cuando las organizaciones agrarias y el Gobierno vuelvan a sentarse para seguir abordando una problemática que, a juicio de Senovilla, «no ha hecho más que empezar», porque a punto de comenzar a plantear el calendario de siembras, este próximo año será difícil que el agricultor opte por la remolacha al precio que proppone Azucarera. Auguró que en el caso de Acor «va a tener cola».

Recuperar fábricas

Desde la Alianza UPA-Coag auguran que la decisión de Azucarera supondrá «el cierre de las tres fábricas» —Toro, La Bañeza y León—, porque «a ese precio no se puede producir remolacha». Invitó a Azucarera a «que diga qué quiere cerrar y se vea la posibilidad de que Acor se pueda quedar con alguna fábrica, pero que lo hagan para este año, porque como se deje de sembrar, no se va a recuperar» la superficie abandonada, reclamó Senovilla, que consideró que el sector de la remolacha no merece «una muerte lenta».