La Junta mediará para que el cultivo de la remolacha siga siendo rentable

dl | león

La Junta de Castilla y León mediará en la crisis que sacude al sector remolachero después de que Azucarera anunciara hace unos días que rebaja en más de seis euros por tonelada el precio que pagará a los cultivadores a partir de la próxima campaña, con el objetivo de que la remolacha continúe siendo rentable para los agricultores.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera portavoz y consejera de Agricultura, Milagros Marcos, reconoció que el sector atraviesa una situación complicada después del desplome del precio del azúcar en los mercados internacionales, que ha pasado de los 600 euros por tonelada a los 360, a la vez que hizo una llamada al diálogo y a la responsabilidad de todas las partes para buscar una solución.

Marcos explicó que ya se han mantenido contactos con todas las partes y que el próximo día 26 se ha convocado al Consejo Agrario para analizar la situación. «En la medida de nuestras posibilidades, dado que las competencias que tiene la Junta en este sector son limitadas, el objetivo es impulsar un acuerdo necesario y fundamental entre entre industria y agricultores para mantener el cultivo en Castilla y León», afirmó.

La consejera aseguró que es necesario buscar un acuerdo entre agricultores e industria para poder superar esta crisis e indicó que algunos países como Francia están tomando medidas para impulsar el cultivo a pesar de la difícil situación actual. En este sentido, advirtió que si cierran las industrias en Castilla y León y se mantienen abiertas las de países competidores, sería el fin del cultivo. Y es que se trata de un cultivo que sólo en el sector industrial genera en la Comunidad más de 3.000 empleos.

Por último, Marcos indicó que lo ideal para superar esta crisis sería que se tomaran medidas conjuntas en el seno de la Unión Europea para minimizar el desplome de precios y el incremento de la producción a nivel mundial.

A la crisis de la remolacha también se refirió ayer el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, quien advirtió a la Junta de que «no se puede poner ni un euro más» de apoyos para Azucarera, para aquellos que «se quieren marchar» de la Comunidad, y abogó porque si quiere ayudar más al sector remolachero lo haga con Acor, que «es el que se quiere quedar». Dujo trasladará su postura sobre la decisión «unilateral» de Azucarera de reducir de 42 a 36 euros el precio que perciben los cultivadores durante una reunión del Consejo Regional Agrario, que, como anunció, convocó la consejera de Agricultura para el próximo miércoles.

El responsable de Asaja recordó que la rebaja de Azucarera a 36 euros por tonelada de remolacha «no deja margen de beneficios» para el cultivador, que «no puede sembrar raíz a ese precio». Al respecto, comentó que el agricultor tiene dos opciones, o sigue sembrando remolacha para Acor, que paga a 42 euros; y cambiar de cultivo.

Dujo expuso también que pese a la situación generada, Asaja seguirá defendiendo y «peleará» para que el próximo marco de apoyo comunitario incluya las ayudas de diez euros por tonelada que en la actualidad perciben los agricultores vía PAC y PDR.

El líder agrario, que ofreció una rueda de prensa de balance del año agrario y ganadero 2018, cargó contra la «nota discordante» del ejercicio, que constituyó el anuncio de Azucarera de reducir «unilateralmente» el precio de la remolacha en seis euros.

En este sentido, el secretario general de Asaja en la Comunidad, José Antonio Turrado, explicó la reunión que mantuvieron junto a Coag y UPA ayer en el ministerio con el secretario general de Agricultura, que se comprometió a estudiar jurídicamente la ruptura de Azucarera del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) para trasladar a las organizaciones profesionales agrarias sus posibilidades de recurrir la decisión de la multinacional vía laudo o en los tribunales.

Turrado indicó que el ministerio les dará una «recomendación» y luego ellos decidirán, aunque acudirán a los tribunales si tienen alguna posibilidad de ganar. Los principales escollos, dijo, están en las posibilidades de éxito, los costes y la inmediatez, porque un laudo o un recurso llevarán un largo periodo de tiempo, y los cultivadores necesitan respuestas ya, antes de que inicien las siembras en febrero. «Si no hay una respuesta pronto no servirá para nada y nos tememos que no la va a haber», dijo.