Califican de electoralista el pago de la ayuda anulada a la remolacha en 2012

Las organizaciones agrarias se mueven entre la satisfacción y la crítica ante el anuncio de la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, de pagar ahora la ayuda a la remolacha de la campaña 2011/2012, convocada por la Administración autonómica y posteriormente anulada —Orden AYG/776/2012— como consecuencia de los recortes en el gasto público motivados por la crisis económica. La rectificación del Gobierno de Castilla y León supone 10 millones de euros que se repartirán entre 5.500 remolacheros de la Comunidad.

Bienvenida sea una cantidad a la que tenían derecho los cultivadores por la apertura del trámite administrativo, señalan las sentencias dictadas al respecto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León y pretendían los sindicatos, aunque para Asaja y la Alianza UPA-Coag conviene desvincular la medida, que viene a dar cumplimiento a las decisiones judiciales, de la crisis que atraviesa el sector en este momento.

Para la Alianza se trata del «pago de una deuda del pasado, pero con poca o nula repercusión sobre lo que vaya a pasar en el futuro, que está condicionado por la voluntad de AB Azucarera de cumplir o no sus compromisos en el seno del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI)». Asaja deja claro que son «cuestiones diferentes hasta el punto de que aproximadamente la mitad de los cultivadores a los que se le deben las ayudas ya no cultivan remolacha en la actualidad, y una buena parte son personas jubiladas, pues no hay que olvidar que han pasado 7 años».

Ambas organizaciones agrarias coincidieron ayer en señalar que la consejería «pone cordura» a anular la convocatoria «una vez solicitadas las ayudas» cuando «políticamente más conviene» al Gobierno autonómico, «al inicio de un año electoral». De hecho, le afean que durante los últimos años se hayan rechazado recursos e incluso se haya recurrido al Tribunal Supremo (TS). La Alianza va más allá al señalar que la decisión «parece que responde a una estrategia antes de la decisión que debería adoptar el TS a favor de los remolacheros y, quizá, eludir de esta manera el pago de los intereses acumulados». La UCCL también achaca el anuncio al «banderazo electoral».

La Alianza añade que el «grave incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta es uno de los factores que han minado la moral de los remolacheros y que explica, en parte, la caída de la superficie de siembra que ha experimentado el cultivo en los últimos años».

SIN INFORMAR AL CONSEJO

UCCL y Asaja critican que la consejera de Agricultura y portavoz de la Junta no informara a las organizaciones agrarias de esta decisión en el Consejo Regional Agrario celebrado en diciembre. La UCCL aplaude la decisión, pero asegura que Marcos se negaba a pagar estas cantidades «hace dos semanas». Esta organización facilitó una sentencia que admitía a trámite el recurso de un remolachero para cobrar la ayuda notificada ayer mismo. Además, exigió una carta a cada remolachero en la que se confirme el pago.