Alonso: «Con 120 minas y diez mil empleados yo no me encargaba de tramitar las licencias»

El que fuera el empresario minero más importante de España, Victorino Alonso, se sentó ayer por fin en el banquillo de los acusados para responder, casi veinte años después, por los presuntos daños medioambientales causados por la explotación a cielo abierto de El Feixolín, ubicada en Villablino. La Audiencia Provincial de León juzga esta semana las supuestas irregularidades que se cometieron en la corta, de 210 hectáreas de extensión, en los casi 15 años que estuvo en activo, en los que se extrajeron alrededor de cinco millones de toneladas de mineral, hasta que el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León ordenara su paralización por carecer de los permisos ambientales necesarios.

«Con 50 explotaciones que tenía en MSP, otras 120 en la Unión Minera del Norte, que daban trabajo a casi diez mil trabajadores, yo no me preocupaba de las licencias, para eso tenía a 120 directores facultativos que era quienes se encargaban de estas tareas, y así nos lo trasladaban al Consejo de Administración», manifestó Alonso, para quien se pide una pena de más de ocho años de prisión. Durante la vista quedó probado que el empresario ostentó durante los tiempos de explotación de la mina los cargos de consejero delegado, presidente y vicepresidente.

«Yo vivía en Madrid, y sólo iba a Villablino en contadas ocasiones, por lo que las decisiones de la mina las tomaba el director facultativo, Luis Angulo, que es el que tendría que estar aquí dando explicaciones», aseguró el acusado que insistió en la «perfecta jerarquización de la MSP, en la que trabajaban cinco mil personas, 130 en las oficinas de Villablino y 40 en la sede de Madrid. Alonso explicó que «todos los proyectos de explotación de la mina estaban dentro del Plan Estratégico nacional, con todas las licencias supervisadas tanto por el Ministerio de Industria, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento, juntas vecinales, Seprona y demás agentes implicados, y así se informaba al Consejo de Administración, «del que además formaban parte los partidos políticos y Caja España», enfatizó.

«La Junta aprobaba todos los años los planes de labores de explotación, había visitas mensuales del Seprona, y estábamos supervisados todos los organismos implicados y tras 15 años de explotación ahora dicen que la mina era ilegal, pues yo no lo entiendo», afirmó el empresario que, a preguntas del fiscal, declaró que en estos momentos, a los 66 años, está jubilado y vive con una pensión de 2.500 euros, de la que el juzgado de Huesca le embarga 600 euros mensuales.

Victorino Alonso declaró que por todas estas cuestiones el ya había sido juzgado y absuelto y que «el único motivo por el que estaba hoy sentado es por una venganza personal», en referencia a Antonio Arias Tronco, el empresario hostelero que figura como acusación particular que le denunció por los daños causados por las labores del explotación en una braña de su propiedad.

«Él tenía un prado, y con una retroexcavadora ocasionó en su caseta una serie de desperfectos ficticios y provocó inundaciones en una mina de interior poniendo en peligro a los trabajadores que había dentro y nos echó la culpa a nosotros», explicó Alonso. «Para arreglar la situación el director general de la empresa le hizo una oferta para comprar la tierra veinte veces superior a su valor, y cuando se iba a firmar pidió el doble de esa cantidad. Yo le pedí que cumpliera su palabra inicial y como no accedí a darle lo que quería dijo que se vengaría toda su vida, y aquí estamos».

El juicio continuó con la declaración del apoderado de la empresa, José Tascón, al que también se le pide una pena de ocho años, quién aseguró que era un «mero administrativo de la empresa al que le dieron un poder para las labores rutinarias». Sobre su relación con Alonso, dijo que «no tenía contacto laboral», ya que él solo respondía ante el director general, al que atribuyó toda la responsabilidad. «Yo sólo me dedicaba a cumplir órdenes, era un mandado. Firmaba todo lo que me ponía delante la asesoría jurídica, que eran los que se encargaban de las licencias, porque trabajábamos codo con codo», declaró Tascón que insistió en su inocencia, y que lamentó que pese a que no ha sido condenado tiene su pensión y sus bienes embargados.

El último en declarar fue Antonio Arias Tronco que acusó a Victorino Alonso de «haberle amenazado incluso con hombres armados para que le vendiera mi propiedad». El hostelero aseguró que las explosiones provocadas por la actividad minera a sólo 50 metros de su propiedad destrozaron la edificación, por lo que puso hasta cien denuncias. «Fue cuando empecé a pedir las licencias al Ayuntamiento y nunca me contestaron», afirmó. Tronco asegura que Alonso le llegó a denunciar por extorsión alegando que yo le pedía un millón de euros por mi terreno cuando yo nunca se la quise vender, a pesar de sus amenazas».