El Juzgado Togado Militar Central asume de nuevo el caso por el incendio del Teleno de 1998

El Juzgado Togado Militar Central número 2 ha asumido el caso por el incendio del Teleno del 13 de septiembre de 1998, en cumplimiento de un auto de la Audiencia Provincial de León. Este tribunal, que encuentra indicios de comportamientos constitutivos de delito en los mandos militares responsables de las maniobras causantes del siniestro, ha ordenado la apertura de un procedimiento judicial sumario y la práctica de diligencias. El citado órgano militar acepta así la inhibición de la jurisdicción ordinaria que venía ocupándose del caso, en concreto del juzgado de instrucción número 1 de Astorga, en cumplimiento de una resolución de la Audiencia Provincial, que se ampara a su vez en un pronunciamiento previo del Tribunal Supremo. Éste último determinaba que, si como consecuencia de las investigaciones del juzgado astorgano «resultara acreditado que los imputados militares habían incurrido en imprudencia que guardara relación con el acto de servicio en el que participaron» el citado juzgado de instrucción debería inhibirse del caso en favor de la jurisdicción militar. Así, el Juzgado Togado Militar Central número 2 entiende que «la presunta imprudencia» de los militares imputados «no puede haber ocurrido sino durante la ejecución de un acto de servicio de armas». Indicios de delito Pero, además, este tribunal, que ya se ocupó del caso y decretó en 1999 el archivo de las actuaciones «por entender que las conductas (de los mandos militares) investigadas no eran constitutivas de imprudencia o negligencia punibles», considera que las circunstancias actuales «son muy distintas». De este modo, estima que, con independencia de un análisis posterior del proceso seguido hasta la fecha, «figuran en autos resoluciones judiciales y escritos de las partes personadas en que tales indicios de un actuar culposo y por tanto constitutivos de delito se aprecian», señala el auto. El tribunal, que en el mismo texto considera «excesivamente dilatado» el proceso judicial por el incendio, ordena dar cuenta de la nueva situación al abogado del Estado, como responsable civil subsidiario; y preguntar al Ministerio de Defensa sobre el pago de indemnizaciones a los afectados y sus cuantías (fijadas en casi 7 millones de euros por el entonces titular de dicha cartera, Eduardo Serra).