La Consejería ordena la gestión de los controles sobre la PAC hasta 2027
La Junta se dota de una nueva ordenación de las competencias relacionadas con la condicionalidad reforzada y la condicionalidad social de acuerdo con el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) de España para el periodo de 2023 a 2027.
Este decreto que, en concreto, se centra en cuestiones organizativas, se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado el pasado jueves, 7 de septiembre, y ayer se publicaba a través del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
En concreto, desde hoy entra en vigor el decreto, de forma que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural será el órgano de control especializado en el cumplimiento de las obligaciones de la condicionalidad reforzada, que deben cumplir todas aquellas personas que sean beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
PPor su parte, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se encargará de la realización de los controles sobre el cumplimiento de las obligaciones de la condicionalidad social. Además, Agricultura se encargará de la coordinación de todas estas actuaciones.
El decreto, que nace a propuesta del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, consta de seis artículos, en los que se establece su objeto, definiciones, así como las funciones de la consejería competente en materia agraria, de la referida a los asuntos laborales y sociales y las tareas de los departamentos con responsabilidades relacionadas y vinculadas a la condicionalidad reforzada aplicada al marco de la Política Agrícola Común (PAC).