Agua sin fronteras entre España y Portugal

El Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, más conocido como, Convenio de Albufeira, cumplió el pasado año 25 años desde su firma.

En el marco de la temática elegida este año para celebrar el Día Mundial del Agua, y que aborda el papel de este líquido elemento para preservar la paz entre los países que comparten recursos hídricos, como es el caso de España y Portugual, este tipo de acuerdos, que no todos los países tienen para garantizar un reparto coherente y justo de los recursos, toman especial importancia.

La firma de este convenio tuvo lugar en la ciudad portuaria de Albufeira, en el Algarve portugués, el 30 de noviembre de 1998, aunque realmente no entró en vigor hasta el 17 de enero de 2000. Su texto obliga a la Administración española a garantizar aguas abajo unos 2.700 hm³ hídricos anuales, tanto superficiales como subterráneas.

El Convenio, que nació incluso antes de la aprobación de la Directiva Marco del Agua europea, tiene una marcada perspectiva ambiental, superando con ello el enfoque utilitarista de tratados e instrumentos hispanoportugueses previos, que se centraban en el reparto del potencial aprovechamiento económico de las aguas. Para hacer esto posible, se incluyen diversas reglas y medidas de cooperación entre ambas partes, dotándose además de unos órganos institucionalizados con obligaciones concretas, lo que ha impulsado el diálogo permanente entre las Administraciones responsables de la gestión del agua de ambos países.

Las características específicas de la península ibérica exigen una coordinación reforzada entre Portugal y España, no sólo para hacer frente a los retos del cambio climático, sino también para posicionarse conjuntamente en los foros europeos e internacionales.

En este sentido, el Convenio de Albufeira desempeña un papel crucial como referencia en la planificación y gestión de los recursos hídricos luso-españoles, en especial sobre aquellas materias como la planificación hidrológica o la gestión de los riesgos de inundación, donde las obligaciones comunes establecidas en la normativa europea aconsejan una respuesta especialmente coordinada.

El Convenio se perfeccionó en 2008, básicamente mediante la introducción de algunas mejoras sobre el régimen de caudales, y actualmente sigue plenamente vigente sirviendo de soporte y referencia para diversas actividades promovidas por ambas partes.