Los ganaderos de Mieres piden 500.000 € a León si el juez les impide pastar en Pinos

Las cuatro juntas vecinales de Pinos, Villargusán, San Emiliano y Candemuela, así como la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, han pedido la ejecución provisional de la sentencia emitida en febrero de este año por un juzgado de Oviedo en la que se obliga al Ayuntamiento de Mieres a cesar todo tipo de actividad ganadera en el puerto de Pinos.

Se trata de la primera dictada por un juez de un juzgado de Asturias en la que se afirma que «el Ayuntamiento de Mieres no puede seguir fomentando y apoyando a los ganaderos de la raza asturiana de los valles en la comarca de Babia, a pesar de que sean de su propiedad, ya que va en contra de la normativa española de régimen local, en concreto, los preceptos que fijan su ámbito territorial y sus competencias».

El objetivo de esta petición, que se hace después de que Mieres recurriera la sentencia, es impedir la entrada, a partir de este mes de junio, de las más de 1.500 reses procedentes de Asturias que cada año pastan en los puertos de León hasta el mes de septiembre.

La respuesta de los ganaderos de Mieres no se ha hecho esperar. Denuncian que la ejecución de la sentencia les causaría un «daño irreversible y de imposible reparación», ya que tendrían que buscar nuevos pastos para su ganado. Alegan, además, que la sentencia no es firme, por lo que «no resulta prudente proceder a su ejecución provisional», ya que es «imposible indemnizar la falta de alimentación para su ganado». Explican que el puerto de Pinos es «la única manera que tienen de alimentar a su ganado, ya que en Mieres no hay pastos, y que por eso en su día se compraron los pastos de León».

De todos modos, apuntan que si finalmente se ejecuta la sentencia, los demandantes —las cuatro juntas vecinales leonesas— deberán prestar caución, ya que, según consta en el escrito presentado al juez, «dichas juntas vecinales puede que tengan personalidad y capacidad jurídica pero no consideración de Administración pública». Por este motivo, exigen una caución o garantía de 500.000 euros en el caso de que se les impidiera llevar su ganado a Pinos.

El escrito presentado por los ganaderos asturianos ha tenido una rápida respuesta por parte del abogado que representa a las juntas vecinales leonesas y a la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón, que desmonta todos y cada uno de los argumentos de los ganaderos mierenses.

Por un lado, defiende que no «hay ningún tipo de daño irreversible», ya que en Pinos solo pastan cuatro meses al año, por lo que se pueden seguir alimentando de la misma forma que lo hacen los otros seis meses restantes. Además, teniendo en cuenta que es el Ayuntamiento de Mieres el que presta este servicio de pastos a sus ganaderos «siempre pueden pedir responsabilidades a su ayuntamiento si se ejecuta la sentencia».

El abogado concluye que «existen otras formas de alimentación del ganado durante cuatro meses distintas a llevarlos a pastar a otra Comunidad Autónoma, por lo que la posibilidad de emplear dichas formas alternativas de alimentación permite afirmar que no hay irreversibilidad alguna por la ejecución provisional de la sentencia».

Además recuerda que no se producen efectos negativos que no puedan ser reparados, y si así fuera «será el Ayuntamiento el que deba repararlo, ya que es quien presta este servicio por el que los ganaderos pagan además una tasa».

En cuanto a la exigencia de una caución a las juntas vecinales leonesas, por no considerarlas administraciones públicas, González Antón afirma que «no cabe duda de que las cuatro juntas vecinales que solicitan la ejecución provisional son Administraciones públicas, ya que así lo establece tanto la legislación básica de régimen local como la legislación de desarrollo de la Comunidad Autónoma de León».

De todos modos, consideran que la cantidad de 500.000 euros que piden los ganaderos por no pastar durante cuatro meses es «desmesurada», teniendo en cuenta que en su día la Diputación de León puso precio a las 900 hectáreas de los puertos de Pinos cuyo valor ascendiía no más de 300.000 euros.

Por otro lado, se recuerda que no hace falta que haya una sentencia firme para solicitar una ejecución provisional.

San Emiliano pide crear una mesa de trabajo

El alcalde de San Emiliano, David Marcello, ha manifestado su total apoyo a las juntas vecinales leonesas implicadas en el conflicto del puerto de Pinos, al tiempo que ha expresado su máxima condena a la pretensión de los ganaderos de Asturias para que no se les quiera reconocer como administraciones públicas con el «único objetivo» de exigir una caución de 500.000 euros si no les deja pastar a partir del 1 de junio.

De todos modos, se muestra muy satisfecho de esta última sentencia que da la razón a los pueblos leoneses.

Marcello ha recordado que en las últimas semanas se ha reunido con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez-Courel, que le ha mostrado todo el apoyo de la institución provincial para que León recupere la titularidad de los pastos de Pinos. «Lo que está claro es que el Ayuntamiento no puede asumir el coste de una expropiación», afirma el alcalde, que asegura que también ha mantenido contactos con responsables de la Junta de Castilla y León a los que ha solicitado una mesa de trabajo para abordar este asunto. «De momento hay buena sintonía y predisposición», afirma Marcello, que está a la espera de que la Junta responda a su propuesta.

El alcalde considera que es momento de abordar también la ejecución de un Plan Regional que «no solo beneficie a los ganaderos de la zona si no a toda la comarca, ya que son muchos los proyectos de futuro que se pueden sacar adelante».