La FEMP pide más apoyo para las familias de los fallecidos en el accidente de Cerredo
En el encuentro, al que acudieron unos 20 ayuntamientos, se analizaron los fondos de transición justa

La presidenta de Acom, junto con el alcalde de Villablino.
La Comisión de Gobierno de la Red de Municipios de Transición-Acom ha pedido este jueves que se depuren todas las responsabilidades, «desde el ámbito político hasta el ámbito empresarial», sobre el accidente ocurrido en la explotación minera de Cerredo, dejando cinco trabajadores fallecidos, todos ellos de León, y otros cuatro heridos, «sobre todo, por la necesidad que tienen las familias de conocer la realidad». Así de contudente lo explicaba el alcalde de Villablino, Mario Rivas, en la reunión que mantuvieron la veintena de ayuntamientos que componen esta comisión, la cual se celebró en el emblemático Pozo María de la localidad lacianiega de Caboalles de Abajo.
En este sentido, Rivas señaló que hay que mandar «un mensaje claro» a las administraciones superiores, a las comunidades autónomas y al Gobierno central, para que «se siga acompañando a las familias de los fallecidos y de los que han sufrido el accidente, ya que consideran que «no se está teniendo el grado de seguimiento que se debería hacer de esas familias», considerando que es un acompañamiento necesario, evidentemente, desde el punto de vista psicológico, pero también administrativo.
Unas familias, que el regidor lacianiego recordó que han quedado en una situación compleja. «A día de hoy todavía no saben cómo ha sucedido ese accidente y creemos que es importante seguir recordando y seguir ampliando todas las redes que tienen la propia administración» con el objetivo de dar cobertura a esas familias y no dejar las desamparadas u olvidadas a la espera de lo que pueda salir de una comisión de investigación y de un juicio.
En el encuentro también se abordaron otras cuestiones como los fondos de transición justa y el nivel de desarrollo que se está llevando a cabo en cada comunidad autónoma, así como ver las debilidades, que quedan todavía por recoger dentro de los municipios, «cuáles son aquellos proyectos que los municipios han entendido como prioritarios y que a día de hoy no tienen esa cobertura necesaria»
Y para cerrar la sesión, esta reunión también abordó los proyectos de infraestructuras que vienen del Ministerio de Transición Justa, que tienen una fecha rígida de ejecución, ya que el plazo para los mismos finaliza en junio del 2026. Y es que, según afirmó Rivas son proyectos que «fundamentales para nosotros», pero que pueden verse comprometidos por los plazos de ejecución «hay que tener muy claro las posibilidades que tenemos y hasta donde podemos llegar» ya que de centrarse, exclusivamente, en recibir fondos «en algún caso pueden ser envenenados si no tenemos un plazo de ejecución acertado» matizó el regidor lacianiego.
Para finalizar, Rivas valoró que la Comisión se traslade al territorio y profundice en el mismo «conociendo directamente las necesidades que tienen los alcaldes y las alcaldesas», a la vez que destacó que el antiguo Pozo María, como archivo histórico de las familias mineras, «va a dar esa segunda oportunidad al municipio», a través de «lo que es su historia y de ese pasado que fue la minería» sentenció.