Unanimidad en las Cortes para que la Junta reconozca la categoría de bombero forestal
Protesta en las puertas de las Cortes de los trabajadores forestales de la Junta.
Las Cortes de Castilla y León instaron este miércoles a la Junta para que reconozca la categoría profesional de bombero forestal antes de que finalice este año, con la votación unánime del punto de la proposición no de ley socialista que pedía este reconocimiento. Además, el resto de la propuesta, que solicitaba la transformación del dispositivo contra incendios de la Comunidad en un operativo «público, permanente y estable todo el año», también salió adelante con el voto favorable de PSOE, UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto y la abstención de PP y Vox.
La PNL fue defendida por el procurador socialista Pedro González Reglero, que defendió como «necesidad» la transformación del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales para que sea «público, permanente y estable todo el año». Una petición que, en su momento, desde Junta y PP calificaron como «brindis al sol» y que ha resultado, según afirmó González Reglero, en un verano repleto de incendios forestales en Castilla y León.
«De aquellos polvos, estos lodos», señaló, antes de pedir también a la Junta el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal para los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios de Castilla y León para acabar con el «desprecio» y la «nula consideración» que, según el procurador socialista, tiene el Gobierno autonómico con los trabajadores contra incendios.
Al respecto el procurador «popular» Alberto Castro criticó al PSOE por «utilizar los incendios para hacer el mayor daño» a la Junta, y aunque reconoció la «responsabilidad» del Gobierno autonómico para apagar los fuegos, culpó de ellos a «los que los inician por causa negligente y mala fe», lamentando que los socialistas «obvien esta realidad». «Basan su oposición en la mentira y la indecencia», aseguró Castro, que señaló que quien aprobó el reconocimiento de los bomberos forestales fue el Gobierno de España, por lo que «es su competencia» pese a que la legislación requiere de su traslación autonómica.