Villamanín llega a un principio de acuerdo para poder cobrar el premio del Gordo de la lotería de Navidad sin ir a juicio
Los responsables admiten un fallo en el conteo de papeletas, descartan fraude y apelan a la unidad del pueblo. La comisión de fiestas propone recortar un 10% a cada agraciado y cede lo que han ganado sus miembros
Medios de todo el país se agolpaban a las puertas del hogar del pensionista para seguir la reunión.
Después de más de tres horas de tensa reunión, los portadores de las papeletas premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín salieron con una propuesta por parte de la Comisión de Fiestas con las que desbloquear el conflicto generado por la venta de 50 participaciones sin consignar.
Desde la comisión se reconoce que ha existido un error grave en el conteo de las papeletas vendidas, insistiendo en que en ningún momento ha existido fraude, trampa ni mala fe, sino un fallo en la gestión realizado por voluntarios, en su mayoría jóvenes del pueblo.
Según se explicó en la reunión, se vendieron 450 participaciones (nueve talonarios), de las cuales 50 no estaban consignadas correctamente, lo que supone una cantidad presuntamente defraudada de alrededor de cuatro millones de euros.
Ante esta situación, se plantearon dos posibles salidas, alcanzar un acuerdo extrajudicial o acudir a los tribunales. La propuesta principal pasa por que los premiados acepten, por unanimidad, una reducción del 10 % de sus premios —unos 6.000 euros por participación— para cubrir el desfase, con lo que descontando impuestos el premio quedaría en unos 66.500 euros.. Los miembros de la comisión, por su parte, renunciarían íntegramente a sus propios premios, cinco décimos en total, valorados en dos millones de euros. Este acuerdo permitiría evitar denuncias que podrían obligar a los responsables a responder con su patrimonio personal, hipotecarse o incluso enfrentarse a penas de prisión. No obstante, basta con que uno solo de los premiados no acepte para que el acuerdo no sea viable y el caso termine en los juzgados.
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María Carnero
El pueblo se encuentra dividido entre quienes reclaman cobrar íntegros los 80.000 euros correspondientes a cada participación y quienes prefieren asumir el recorte para preservar la convivencia y evitar un largo conflicto legal. Aun así, desde la comisión destacan que una amplia mayoría de los asistentes a la reunión mostró comprensión y apoyo. En cambio otros muchos salieron del encuentro manifestando su rechazo al acuerdo. «No tenemos porqué asumir los errores que han cometido otros», manifestaba. Otros en cambio, se mostraron favorables. «Es la única solución si queremos cobrar».