El Ayuntamiento de Villamanín ha hecho en un comunicado un llamamiento al diálogo y a la convivencia vecinal ante la grave repercusión mediática que está teniendo en todo el país el conflicto surgido por la venta de participaciones de la Lotería de Navidad, después de que el Gordo dejara un premio millonario marcado por un error de gestión. El consistorio lamenta la imagen que se está proyectando del municipio, una imagen que —subraya— no refleja los valores de convivencia que siempre han caracterizado al pueblo.
El origen del problema está en un fallo en la consignación de 50 participaciones de cinco euros (cuatro para jugar y uno de donativo para la Comisión de Fiestas), que no estaban respaldadas por los décimos correspondientes. Ese error ha provocado un agujero de cuatro millones de euros, ya que cada papeleta estaba premiada con 80.000 euros tras resultar agraciado con el Gordo el número 79.432.
Una situación que, como reconocen los propios vecinos, «ha dividido al pueblo» entre quienes disculpan el error cometido por un grupo de jóvenes «sin mala intención» y quienes reclaman cobrar sus premios.
El pasado viernes se intentó desbloquear la situación en una tensa reunión convocada por la Comisión de Fiestas, a la que asistieron numerosos agraciados. En ese encuentro, los miembros de la comisión —formada en su mayoría por jóvenes de entre 18 y 25 años— reconocieron el grave error cometido y pusieron sobre la mesa una propuesta de principio de acuerdo para evitar la vía judicial.
La solución planteada pasa por una «quita» aproximada del 10 % sobre cada premio, de manera que todos los premiados puedan cobrar, así como por el reparto entre los agraciados del décimo que jugaba la propia comisión y de los premios personales de sus integrantes. Todo ello, a cambio de que no se denuncie a ninguno de los responsables. Con este planteamiento, la deuda se reduciría de cuatro a dos millones de euros.
Se trata de un acuerdo frágil y condicionado a que sea aceptado por unanimidad por todos los premiados, pero que contó con un amplio respaldo entre los asistentes, al considerar que los jóvenes «han cometido un error sin mala fe y han puesto encima de la mesa hasta sus propios premios».
El Ayuntamiento, que recuerda que la Comisión de Fiestas actuaba de forma independiente y sin vinculación con la administración municipal, ha reiterado su disposición a colaborar para facilitar el diálogo y preservar la convivencia. El consistorio confía en que el pueblo pueda cerrar este episodio sin que derive en un largo proceso judicial que, además de alargar la incertidumbre, rompa la unidad vecinal y dañar de forma irreversible la imagen de Villamanín.
«Un juez solo podría reclamar la cantidad estafada, no el premio»
La polémica surgida en Villamanín por la venta de papeletas de más en la Lotería de Navidad, en un sorteo en el que además resultó agraciado con el Gordo, ha vuelto a poner sobre la mesa una práctica cada vez más habitual: la venta de participaciones por parte de colectivos, asociaciones o comisiones de fiestas sin un control efectivo.Así lo explica la abogada Soledad Parra Durán, con más de veinte años de experiencia en la Asesoría Jurídica de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, quien subraya que este tipo de situaciones «no son nada raras». «Cada año se detectan muchos casos de venta fraudulenta de participaciones, el problema es que en este caso ha tocado el Gordo, y es ahí donde está el verdadero conflicto», señala.Parra Durán considera que la dificultad del caso se agrava porque el error se descubrió después del sorteo. «Lo normal es que este tipo de problemas salgan a la luz antes, cuando todavía se puede analizar si ha habido o no intencionalidad y buscar una solución que deje a salvo a todas las partes», explica. En este sentido, cree que la mejor salida sería que los afectados y la Comisión de Fiestas alcanzaran un acuerdo, aunque reconoce que no es sencillo. «Sería lo más inteligente, pero no lo veo viable al cien por cien, porque siempre hay alguien que se descuelga», apunta.La letrada advierte además de que iniciar un procedimiento judicial supondría «mucho gasto y mucho tiempo» para todos los implicados. Incluso, en un eventual juicio, el resultado podría no ser el esperado por los afectados. Según explica, un juez podría entender que los miembros de la comisión solo tendrían que responder por la supuesta cantidad estafada, es decir, la venta de más de las 50 papeletas, cuya cuantía asciende a 250 euros. «El hecho de que haya tocado la lotería es algo circunstancial; el perjuicio no es el premio, sino la cantidad presuntamente estafada», aclara.Por todo ello, Parra Durán califica el caso de «muy complicado» y recomienda alcanzar un acuerdo formalizado ante notario, en el que estén perfectamente identificados todos los propietarios de las papeletas. «Entre cobrar 80.000 euros dentro de uno o dos años o cobrar ahora 70.000, lo inteligente es llegar a un acuerdo», resume.La experta en Loterías aprovecha el caso para lanzar una recomendación clara a los jugadores: evitar la compra de participaciones y optar por décimos completos. «Luego, si se quiere, se pueden compartir con familiares o amigos, pero las participaciones siempre dan problemas», advierte. Según explica, en la mayoría de los casos no cumplen la normativa, ya que no se declara el sobreprecio, no se especifica correctamente quién respalda la participación, qué cuantía se juega y cuál no, o no se identifica adecuadamente al depositario con un NIF u otro documento oficial. En el caso de Villamanín, añade, la propia Comisión de Fiestas «ni siquiera tenía personalidad jurídica».Finalmente, Parra Durán recuerda que, aunque existe una regulación sobre la expedición de participaciones, no hay un control real por parte de Loterías y Apuestas del Estado. «No les interesa demasiado, porque este tipo de ventas fraccionadas les viene muy bien. No van a tirar piedras contra su propio tejado», concluye.