La vía judicial se perfila como la salida más justa en el caso de la lotería de Villamanín
Una experta jurídica descarta la estafa penal, pero advierte de negligencia en la venta de participaciones. El descuadre de papeletas abre la puerta a reclamaciones civiles y a la posible responsabilidad municipal
Una mujer enseña una foto de su participación premiada en Villamanín.
El descuadre detectado en la venta de participaciones del número 79.432, agraciado con el Gordo de Navidad, ha convertido al municipio de Villamanín en el centro de un intenso debate jurídico y social. La Comisión de Fiestas vendió más participaciones de las que correspondían a los décimos realmente adquiridos, una situación que afecta a medio centenar de papeletas y que ha generado incertidumbre entre los vecinos agraciados.
La abogada Laura Fra, colegiada el Ilustre Colegio de la Abogacía de León, con más de 22 años de experiencia en jurisdicción civil, penal y contencioso-administrativa, considera que el caso reúne todos los elementos de un supuesto «de manual» que probablemente será estudiado en las facultades de Derecho. A su juicio, no se trata de un hecho aislado, ya que existen antecedentes históricos y jurisprudencia sobre la venta de participaciones de lotería sin el respaldo suficiente de décimos.
Desde la perspectiva penal, Fra sostiene que resulta complejo encajar los hechos en un delito de estafa. Para que exista este ilícito es necesario un engaño, ánimo de lucro y una relación directa entre el engaño y el perjuicio causado. En el caso de Villamanín, explica, todo apunta a un error de gestión grave en un contexto de desorganización y ausencia de controles, pero no a una actuación dolosa o planificada. Esta circunstancia lo diferencia claramente de casos históricos como el conocido «caso Escámez» o de otros fraudes masivos en los que sí hubo mala fe acreditada.
No obstante, la abogada subraya que la inexistencia de delito penal no excluye la responsabilidad civil. «Quien cobra dinero por una participación asume una obligación frente al comprador, y los tribunales han reconocido de forma reiterada el derecho de los afectados a reclamar las cantidades correspondientes», añade. Fra compara esta situación con otros supuestos de negligencia, como los accidentes de caza o las atracciones improvisadas en fiestas populares: «Puede no haber intención de causar daño, pero sí una gestión imprudente de un riesgo que genera un perjuicio económico».
Uno de los elementos más controvertidos del análisis es el papel del Ayuntamiento de Villamanín. Fra cuestiona el «silencio institucional» de la corporación municipal y recuerda que durante años se ha permitido que una comisión vecinal, sin personalidad jurídica ni seguro de responsabilidad civil, organizara las fiestas y gestionara dinero en un contexto que, de facto, tenía carácter oficial. Desde el punto de vista jurídico, señala, «un juez podría valorar una posible responsabilidad subsidiaria de la administración local por falta de supervisión o culpa in vigilando».
A esta complejidad se suma un aspecto apenas mencionado en el debate público, el fiscal. La letrada advierte de que cualquier acuerdo privado para repartir o reducir los premios puede generar problemas con la Agencia Tributaria, que deberá determinar si se tributa por la cantidad inicialmente premiada o por la efectivamente cobrada. Esta cuestión podría añadir una nueva fuente de conflicto si no se aclara con antelación.
Lejos de ver la judicialización como un fracaso del espíritu comunitario, Fra defiende que el procedimiento judicial puede convertirse en una herramienta útil para ordenar la situación. Permitiría fijar responsabilidades, adoptar medidas cautelares y ofrecer un marco de imparcialidad que difícilmente pueden garantizar las negociaciones vecinales, condicionadas por la presión emocional y social.
La abogada también rechaza los discursos que apelan a la renuncia voluntaria de los premios como prueba de solidaridad. «Ejercer un derecho reconocido por la ley no convierte a nadie en peor vecino», afirma, advirtiendo del riesgo de trasladar la responsabilidad a los afectados en lugar de a quienes debían garantizar una gestión adecuada.
Pese a todo, Fra apunta a un escenario de prudente optimismo. La falta de mala fe por parte de los organizadores y la fuerte cohesión social del municipio podrían facilitar una solución consensuada. Además, el plazo para reclamar los premios expira en marzo de 2026, por lo que no se descarta que el conflicto se atenúe si algunos agraciados no formalizan su reclamación. En cualquier caso, concluye que el Ayuntamiento debería abandonar su silencio y asumir un papel activo de mediación y apoyo, porque «cuando las cosas se tuercen, las instituciones también tienen que estar ahí».