Diario de León

Los apicultores denuncian su exclusión de las ayudas del Gobierno

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Ucale-Coag han manifestado su profundo malestar tras la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, por el que se establece el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, por excluir totalmente al sector apícola de las ayudas del Gobierno.

A pesar de tratarse de una actividad ganadera esencial, los apicultores profesionales han quedado fuera de las ayudas contempladas en esta normativa, una decisión que el sector considera injusta y discriminatoria. Recuerdan que los apicultores están reconocidos como ganaderos a título principal y desempeñan un papel fundamental tanto en la producción alimentaria como en la conservación del medio ambiente, especialmente a través de la polinización.

Uno de los principales motivos de preocupación radica en los costes energéticos. Aunque la apicultura no tiene acceso al gasóleo bonificado en las mismas condiciones que otros sectores agrarios, sí depende en gran medida del consumo de combustible. El manejo de colmenas, su traslado, el transporte de materiales y las labores de mantenimiento implican un uso constante de vehículos y maquinaria, lo que supone un gasto elevado que se ha visto agravado por la actual situación internacional.

Desde el sector denuncian que esta omisión pone de manifiesto un desconocimiento de la realidad productiva de la apicultura profesional. «No es comprensible que siendo ganaderos a título principal se nos deje fuera de unas ayudas diseñadas precisamente para paliar el impacto de una crisis que también nos afecta de forma directa», señalan representantes del colectivo.

Por todo ello, los apicultores profesionales solicitan al Gobierno su inclusión inmediata en el paquete de ayudas, así como el reconocimiento efectivo de sus necesidades específicas dentro de las políticas agrarias y energéticas.

Finalmente, hacen un llamamiento a las administraciones para abrir un diálogo constructivo que permita corregir esta situación y evitar un mayor perjuicio a una actividad estratégica para el medio rural, la economía agraria y la biodiversidad.

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