Cabrillanes espera una decisión a su favor en el deslinde con Somiedo

El conflicto entre el Ayuntamiento babiano de Cabrillanes y el consistorio de Somiedo, en el Principado de Asturias, continúa tras más de 26 años de litigio. Actualmente, el proceso se rige por una orden ministerial de 2019 que aprobó el deslinde para marcar el nuevo límite territorial entre ambas provincias —y sus respectivas comunidades autónomas—, por el cual se concedieron al Ayuntamiento de Cabrillanes 674 hectáreas que eran reclamadas a Somiedo.

Según explicó el alcalde de Cabrillanes, el leonesista Emilio Martínez, se trata de un procedimiento que comenzó a finales de los años 90 con el objetivo de fijar la línea divisoria entre ambos términos municipales. El tramo en disputa corresponde a los mojones del 1 al 8, si bien el Tribunal Supremo consideró que el proceso debía dividirse entre los hitos 1 al 4 y 4 al 8, perteneciendo estos últimos a las 128 hectáreas que Cabrillanes ya ha logrado recuperar de forma efectiva.

En este sentido, Martínez afirmó que, en el primer procedimiento de recuperación, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por la vertiente asturiana, dándole la razón al municipio babiano. El regidor detalló que ahora se encuentran a la espera de que se acepte o no el recurso de casación para el resto de las hectáreas en disputa, aunque subrayó que, por el momento, la razón legal asiste a Cabrillanes.

El ayuntamiento babiano defiende su postura basándose en el acta de la Real Ejecutoria de 1788, firmada por Carlos III, que es el documento más antiguo que consta en el expediente. Por el contrario, la propuesta de Somiedo se basaba en el acta de deslinde de 1882, redactada en cumplimiento de una Real Orden de 1881, y en el acta de la operación practicada por el Instituto Geográfico y Catastral en 1932 para señalar los mojones comunes entre Cabrillanes y Villablino.

La orden ministerial recogía que se declare como línea límite la reconocida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su informe de febrero de 2019, el cual se fundamenta en el apeo de 1785 reflejado en la Real Ejecutoria de 1788. Este informe, que es preceptivo pero no vinculante, fue incorporado en la orden de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado el pasado mes de octubre. La validez de este documento histórico ha sido la piedra angular del proceso, pues demuestra una delimitación secular que los cambios administrativos posteriores no consiguieron invalidar legalmente. En estas hectáreas, que afectan a los pueblos de Vega de Viejos y Meroy y limitan con la pedanía de Lumajo, se encuentran terrenos de titularidad pública y privada. Como consecuencia del nuevo deslinde, los propietarios de los terrenos privados deberán comenzar a pagar sus impuestos en Cabrillanes. Esta transición implica un complejo proceso de regularización catastral que afectará a la gestión de los pastos y a los aprovechamientos ganaderos tradicionales de la zona.

Este proceso ha supuesto para las arcas municipales un gasto aproximado de 35.000 euros, una cuantía que, según el alcalde, podría haberse destinado a mejoras en el pueblo. Para un municipio de montaña con recursos limitados, este esfuerzo representa una carga desproporcionada. Asimismo, Martínez lamentó no haber contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León, criticando que la administración autonómica solo apoyara mediante declaraciones cuando, a su juicio, debería abonar los servicios jurídicos y defender activamente los intereses de los ayuntamientos.