La Junta revisará la quema en La Robla de 5.600 tn de residuos de Asturias
Asegura que Tudela Veguín tiene autorización para tratar hasta 95.000 toneladas al año
Planta de Tudela Veguín ubicada en La Robla.
La Junta de Castilla y León revisará el registro de tratamiento de residuos de la planta cementera de Tudela Veguín en La Robla tras confirmarse la llegada de unas 5.600 toneladas de Combustible Sólido Recuperado (CSR) procedentes de Asturias. Así lo anunció este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien precisó que la instalación dispone de autorización para gestionar hasta 95.000 toneladas anuales de residuos industriales no peligrosos.
Fernández Carriedo explicó que el CSR está considerado un residuo no peligroso y, por tanto, no necesita autorización previa para cada traslado, aunque sí debe quedar reflejado en los registros de actividad de la planta. Precisamente sobre esa documentación se centrará ahora la revisión anunciada por la Junta, con el objetivo de comprobar que el tratamiento se ha realizado dentro de los parámetros autorizados.
Tras conocerse este movimiento de residuos, el debate político se ha trasladado también a las Cortes de Castilla y León. Desde el Partido Popular, la portavoz parlamentaria Leticia García defendió la plena legalidad de la operación, subrayando que la cementera cuenta con la autorización ambiental necesaria y que el tratamiento se realiza «dentro de la normativa».
Según García, la Junta se limita a aplicar la legislación vigente y a supervisar que se cumplan las condiciones establecidas para este tipo de residuos, insistiendo en que cada tratamiento debe quedar debidamente registrado.
En cambio, desde el PSOE de Castilla y León, su líder autonómico Carlos Martínez interpretó el caso como una nueva muestra de la falta de planificación autonómica en materia de residuos. Martínez calificó este asunto como «otro regalito envenenado» heredado del exconsejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a la nueva responsable del área, María González Corral.
El dirigente socialista considera que el problema no reside tanto en la actuación de la empresa, que actuaría dentro de la legalidad, como en la ausencia de una política estructurada de residuos por parte de la Junta. A su juicio, la Comunidad ha dejado esta gestión «en manos del libre mercado» sin una planificación clara.
También desde la Unión del Pueblo Leonés, su portavoz Alicia Gallego expresó sus reservas sobre este modelo, resumiendo su postura con una crítica al negocio generado alrededor de la gestión de residuos.
La controversia tiene su origen en Asturias, después de que la gerente del consorcio público Cogersa, Paz Orviz, reconociera en sede parlamentaria el envío de esas toneladas de CSR a La Robla para su incineración. La admisión abrió un fuerte debate político en el Principado, especialmente porque días antes el Ejecutivo asturiano había negado que esos traslados se estuvieran produciendo.
Esa contradicción ha sido duramente criticada por la oposición asturiana. Desde Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas denunció la falta de transparencia y el cambio de versión del Gobierno de Adrián Barbón. En términos similares se expresó la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quien criticó que el traslado de residuos a otra comunidad no soluciona el problema ambiental, sino que simplemente lo desplaza.
También el PP asturiano, a través de Luis Venta, acusó al Ejecutivo regional de falta de control y opacidad en la gestión de Cogersa, mientras Vox, con Carolina López, calificó la situación de «demoledora».