Las familias de cuatro mineros de Cerredo reclaman 1 M€ al Principado

Las familias de cuatro de los cinco mineros leoneses que fallecieron en la explosión de la mina de Cerredo, en Degaña, el 31 de marzo de 2025, reclaman al Principado de Asturias más de un millón de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. Según una información recogida por La Nueva España, los cuatro procedimientos abiertos ante la Administración autonómica fijan por ahora en 1.074.130,39 euros la cantidad solicitada, aunque las indemnizaciones no están todavía cerradas y podrían aumentar durante la tramitación de los expedientes.

Las reclamaciones, promovidas por las familias y representadas por la abogada leonesa Beatriz Llamas, parten de una misma consideración, la posible existencia de un funcionamiento anormal de los servicios públicos responsables de la inspección, vigilancia y seguridad minera. El planteamiento sostiene que la Administración pudo no haber impedido que continuaran unos trabajos de extracción de carbón que no estaban autorizados en la explotación y que terminaron con la muerte de cinco trabajadores.

La petición de responsabilidad patrimonial adquiere además especial relevancia después de las conclusiones recogidas en el informe del Servicio de Minas del Principado, analizado por la Comisión de Seguridad Minera en marzo de este año. El documento establece que la actividad desarrollada en la antigua mina de Zarréu tenía carácter clandestino, ya que en ese emplazamiento no estaba autorizada la extracción de carbón. Los trabajos se efectuaban, además, sin las preceptivas condiciones de seguridad y sin un sistema de ventilación.

Según el informe, la explosión se produjo durante esas labores de extracción clandestina como consecuencia de la presencia de metano. Los técnicos relacionan la ausencia de ventilación y las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos con la generación de atmósferas potencialmente explosivas y con niveles de oxígeno por debajo de los límites establecidos. El documento fue remitido al juzgado encargado de la investigación y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de plantear la apertura de un expediente sancionador a Blue Solving, empresa titular de las instalaciones.

Las conclusiones de la Comisión de Seguridad Minera aportan así un nuevo elemento a los procedimientos iniciados por las familias, que deberán determinar ahora si, además de las responsabilidades que puedan derivarse de la propia actividad desarrollada en la explotación, existió algún grado de responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de sus mecanismos de control.

La cantidad reclamada, 1.074.130,39 euros, es provisional. Los escritos presentados ante el Principado dejan expresamente abierta la posibilidad de revisar las cuantías conforme avance la instrucción administrativa y se concrete el alcance de los perjuicios ocasionados. En algunos de los expedientes todavía está pendiente de determinarse de forma definitiva el lucro cesante, mientras que también podrán incorporarse otros daños emergentes o patrimoniales que puedan acreditarse.

La diferencia entre las cantidades solicitadas en cada caso responde a las circunstancias personales, familiares y económicas de cada uno de los trabajadores fallecidos. Las cuatro reclamaciones corresponden a las familias de Jorge Carro André, Rubén José Souto Robla, Amadeo Augusto Bernabé Castelao y David Álvarez Núñez.

Carro André dejó pareja y un hijo menor de dos años, mientras que Souto Robla convivía con su pareja. Bernabé Castelao estaba casado y no tenía descendencia y Álvarez Núñez, que tenía 33 años cuando murió, no tenía cónyuge ni hijos. Estas circunstancias son tenidas en cuenta a la hora de establecer las indemnizaciones, junto con los perjuicios económicos que cada fallecimiento provocó.

La explosión que dio origen a estas reclamaciones ocurrió hace más de un año, el 31 de marzo de 2025, en la tercera planta de la explotación de Cerredo. El suceso se produjo sobre las 9.40 horas y provocó la muerte de cinco trabajadores y heridas a otros cuatro. Dos empleados resultaron ilesos.

Las primeras hipótesis situaron el origen del accidente en una bolsa de grisú. La investigación posterior del Servicio de Minas concretó que se había producido una explosión de metano durante trabajos de extracción de carbón que, de acuerdo con el informe técnico, se desarrollaban de forma clandestina. La ausencia de ventilación fue otro de los elementos destacados en las conclusiones de la investigación.

Los cinco trabajadores fallecidos eran leoneses, vecinos de cuatro de Villablino y el quinto procedía de la comarca berciana.