El Gobierno veta el uso energético de la biomasa forestal para priorizar la madera
El cambio cierra el grifo de las ayudas públicas a estas plantas, excepto en las zonas como León
La madera será prioritariamente utilizada como material y no como combustible energético.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha cerrado el grifo de las ayudas públicas a la generación eléctrica con biomasa forestal a través de un Real Decreto aprobado por el último Consejo de Ministros en el que limita el apoyo financiero público para estas instalaciones en todo el país, excepto en los territorios incluidos en las zonas de Transición Justa, entre los que se encuentra la provincia de León.
El nuevo planteamiento incide en que las administraciones deben priorizar que la madera y los recursos forestales como materiales, y que se destinen a usos de mayor valor añadido económico y ambiental como la fabricación de productos derivados, la prolongación de su vida útil, la reutilización y el reciclaje, lo que relega la generación energética con biomasa forestal a un escalón inferior para evitar que la biomasa energética genere distorsiones en el mercado de materias primas.
En concreto, el Real Decreto si introduce el principio de uso en cascada de la biomasa, que persigue lograr el uso eficiente de la biomasa dando prioridad, siempre que sea posible, a su utilización como material con respecto a su utilización para fines energéticos.
La norma, con la que se transpone la directiva europea comunitaria orientada a acelerar la transición verde bajo estrictos criterios de sostenibilidad, establece la prohibición general de otorgar nuevas ayudas o renovar las ya existentes a la producción de electricidad a partir de biomasa forestal en instalaciones que sean únicamente eléctricas, es decir, aquellas plantas que queman biomasa exclusivamente para generar electricidad sin aprovechar de forma simultánea el calor residual o industrial.
Pese al veto generalizado a las plantas puramente eléctricas, el texto legal contempla excepciones específicas para aquellas zonas con baja densidad de población y de actividad industrial. Entre ellas, la norma blinda expresamente a la provincia de León —junto con otros territorios afectados por el declive de la minería y los combustibles fósiles sólidos, como Asturias, Palencia, La Coruña, Teruel, Almería, Cádiz, Córdoba y la zona de Alcudia— por estar incluida el Plan Territorial de Transición Justa.
En consecuencia, las instalaciones ubicadas en la provincia de León quedan a salvo de la prohibición estricta de ayudas siempre y cuando cumplan con los exigentes requisitos de eficiencia energética establecidos en la normativa de sostenibilidad. Esta salvaguarda reconoce la complejidad estructural de las provincias en pleno proceso de reindustrialización verde, con el fin de poder conciliar los objetivos climáticos de la Unión Europea con la estabilidad económica y laboral del tejido energético local.
Otra de las excepciones que recoge el Real Decreo es que esta generación eléctrica se produzca aplicando la captura y almacenamiento de CO2 de biomasa o en zonas ultraperiféricas, aunque con el objetivo de reducir progresivamente, lo máximo posible, el uso de biomasa forestal sin afectar al acceso a una energía segura y protegida. Las plantas en funcionamiento no se ven obligadas a cerrar pero no tendrán ayudas a no ser que cumplan estos criterios.