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León

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Lo de que las cosas de Palacio van despacio se cumple al dedillo con la comisaria segoviana de Energía y Transportes, doña Loyola, cuyo departamento ha tardado más de dos años en cuestionar la legalidad de las ayudas de la Junta a las compañías mineras. Pese a la tardanza de la Comisión a la hora de cargar su artillería, la andanada va directa hacia la línea de flotación de un sector ya muy maltrecho después de década y media de batallas permanentes. De confirmarse las tesis de Bruselas, las empresas carboneras de León y Palencia tendrán que reintegrar a la Junta el dinero que recibieron en concepto de subvenciones durante los tres últimos años, y además con intereses. Esto supondría el remate para muchas minas que se encuentran en fase terminal después de media docena de reconversiones y, lo que es peor, obligaría a las que aún se mantienen en condiciones más o menos dignas a tomar decisiones drásticas. Las minas de León y Palencia tienen muchas reservas de carbón en sus concesiones, pero pocas reservas de efectivo en sus balances. De tener que devolver el dinero, a buen seguro que la mayoría se acogerán a las ayudas por abandono de producción -éstas sí que son legales- como única fórmula para afrontar los pagos.

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