BASES

Jurídica. En el caso de la A-12, en la concesión no se estipula que se acogen al artículo de la ley que permite eximir a las autopistas del 95% del pago del IBI; Hacienda debe obligar a la empresa a inscribirse en el Catastro, como a cualquier ciudadano o empresa según los socialista. Además, y vale para el caso de la A-66, hay tres precedentes en los que el Estado anuló esta prebende a autopistas de Cataluña y Cádiz; y una sentencia del supremo que falla contra la cláusula de exención en otra de Aragón. Política. Existen precedentes por parte del Gobierno del PP en la retirada de la exención. Y es obligación del ejecutivo de velar por el interés de la mayoría de los ciudadanos. Además, hay municipios tanto socialistas como populares afectados. Económica. Los peajes de la A-12 y de la A-66 suponen, a juicio del PSOE, una barrera para el desarrollo de varias comarcas. Al mismo tiempo se impide a los municipios, pequeños en casi la totalidad de los casos, recibir unos ingresos para ellos importantes: podrían duplicar y hasta triplicar los presupuestos anuales de los ayuntamientos por los que cruzan ambas autopistas. Social. Los habitantes de las zonas de influencia de los trazados de la León-Astorga y León-Campomanes deben pagar por circular por una vía moderna y de alta capacidad. en cambio, no reciben una compensación económica a la que tienen derecho legal y moral: afecta a la calidad de vida, a la economía y a las obras y servicios que se podrían ejecutar con la importante inyección económica del ingreso. Cálculo. Los 1,3 millones se repartirían en función de los kilómetros que recorre la autopista por los municipios.