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LUIS ÁNGEL ALONSO, EX ALCALDE Y PORTAVOZ DEL PP EN POSADA DE VALDEÓN
León

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LO QUE CON TANTA animadversión se califica como «subvenciones perdidas por el anterior gobierno municipal» es en realidad la pérdida de una subvención y el riesgo de perder otras cinco por razones diversas y absolutamente ajenas a la responsabilidad municipal como a continuación explicaré. La que se ha perdido lo fue para proyecto de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre los cauces a su paso por los pueblos. Las condiciones de financiación nos fueron alteradas unilateralmente y no se nos trasladó el proyecto a tiempo, eso nos impidió abordar la ejecución del mismo. Por supuesto ejercimos nuestro derecho a recurrir mientras gobernamos. La nueva Corporación, en cambio, decidió por mayoría conformarse con la sentencia desestimatoria del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid y no recurrirla en apelación. Importe: 150.253,02 euros de los que se devolvieron 18.030,36 euros percibidos en concepto de anticipo a cuenta sobre la ejecución de la obra. En las otras cinco en riesgo de perderse confluyen las siguientes circunstancias: 1. Una subvención ejecutada en su totalidad, certificada, cobrada por el Ayuntamiento y abonada al contratista. Corresponde al ejercicio 1999. Su importe de 126.038 euros de la que se solicita devolución de 119.736,63 por incumplimiento del plazo de justificación. Dicho extremo se nos notifica en junio de 2003. 2. Tres subvenciones de los ejercicios 2000, 2001 y 2002 por importe conjunto de 172.878,87 euros de las que tan solo una está concluida. Se exige devolución parcial (99.065,57 euros). En los tres casos el contratista ha incumplido los plazos de ejecución, situación prevista expresamente en la cláusula quinta del contrato que protege específicamente los intereses municipales de dicha eventualidad. 3. Una última subvención correspondiente al ejercicio 2001 de 96.161,94 euros de la que se solicita devolver 28.175,45 euros, que por una serie de circunstancias, la paralización judicial de su ejecución por interdicto presentado por un vecino, el condicionamiento de su ejecución por el citado organismo y la dificultad para adquirir terrenos de titularidad privada para completar su ejecución, entre otras, no ha podido ser justificada a tiempo. Las cinco obras contratadas y adjudicadas en tiempo y forma con todos los requisitos legales, están garantizadas por los contratos, con sus plazos de ejecución claramente establecidos y asumidos por los adjudicatarios, incluida la circunstancia de su incumplimiento. Esto excluye más allá de toda duda la responsabilidad municipal. Se creó una alarma social impresentable en un «Pleno-encerrona» en que, con planeada asistencia multitudinaria, se leían las resoluciones provisionales en tono catastrófico y se repartía una hoja informativa sobre «subvenciones perdidas» sin conocimiento previo de nuestro grupo político. Se trató de amedrentarnos. Cuando solicitamos que tal documento constase en acta también nos fue denegado por mayoría. Me pregunto por qué si todo su contenido era absolutamente cierto. La concejala de IU llegó a calificar de irresponsable a un edil de nuestro grupo por supuestos comentarios de bar. Acto seguido proponen el acuerdo de no recurrir las resoluciones, ni siquiera en reposición, en un intento de agravar la situación «contra nosotros». Se busca mediación de la Consejera de Medio Ambiente, a escasos días de que se dicten las resoluciones definitivas desfavorables. Insistimos infructuosamente en que se negociara la cuestión a tiempo, desde julio no fueron capaces de hacerlo hasta noviembre. En otras palabras el asunto ha salido del ámbito de la actuación política y ha pasado al ámbito judicial, si es que se deciden a recurrirlo. Más allá de toda duda, la rigidez absoluta del Ministerio queda patente, la denegación de las prórrogas, a pesar de que el Real Decreto da derecho a dos, sin tener en cuenta todas las circunstancias comentadas es el hecho más relevante, hay más. Denuncio la forma de llevar este asunto por el actual grupo de gobierno más interesado en «cargarnos con el mochuelo» que en comprometernos en su resolución. Así lo demuestra el hecho de que solo después de un agrio debate conseguimos convencerles de que sería una absoluta barbaridad aceptar las resoluciones sin recurrirlas. Quizá si pudieran desvirtuarían el hecho de que en esos cuatro años se batieron todos los récords en consecución de subvenciones. Gestión política se llama, desconocen absolutamente su significado.

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