La Fiscalía solicita prisión para los encausados por el geriátrico ilegal

El juicio por la residencia geriátrica ilegal desmantelada por orden judicial el 30 de mayo del 2003 quedó ayer visto para sentencia, después de que se celebrara la vista oral ante la titular del Juzgado de los Penal Número 2 de León. En sus conclusiones finales, el Ministerio Fiscal mantuvo su petición de ocho meses de prisión para cada uno de los encausados, por cuatro supuestos delitos contra la integridad moral, así como la comisión de cuatro faltas de lesiones, por las que deberían pagar una multa de un mes, a razón de seis euros diarios. Además, el médico acusado quedaría inhabilitado para el ejercicio de la medicina durante el tiempo que dura la condena. La fiscal también pidió que se inhabilite a dos de los tres encausados hasta que termine de cumplir la pena. Por su parte, el abogado defensor del matrimonio que regentaba la residencia solicitó la libre absolución de sus clientes o, en todo caso, que se condene al marido por una falta de vejaciones, al descuidar, durante algunos meses, el cuidado de los cuatro ancianos que residían en el geriátrico, clausurado ya por la Junta en el otoño del 2001. Para el letrado, imputar a sus representados cuatro delitos contra la integridad moral, según el artículo 173 del Código Penal supone «juzgarlos como a torturadores». El defensor del médico implicado, también solicitó la absolución del facultativo, al considerar que no existe una conexión entre éste y el matrimonio y que, a su entender, no habría incurrido en el delito por omisión, ya que, en caso contrario, debería haberse juzgado también a otras personas dentro del mismo caso. Concluida la vista oral, la fiscal expuso que los testimonios obtenidos a lo largo del juicio ratificarían que los cuatro ancianos que se encontraron en el registro de la residencia fueron objeto de un trato degradante «continuado, persistente y mantenido en el tiempo», al carecer éstos de las condiciones higiénicas y sanitarias oportunas, delito en el que también habría incurrido el médico de atención primaria por omisión. El Ministerio Público sostuvo la tesis de que los ancianos, no válidos, permanecían sin lavar y no se les facilitaba la atención precisa en lo que se refiere a las dietas que debían seguir según sus dolencias y que una sola persona se hacía cargo de ellos. Además, durante el tiempo que los dueños de la residencia regentaron un restaurante, se les daba de comer lo que sobraba en este local.