Diario de León

Asaja tacha de «decisión política» el rechazo de la Junta a la nave porcina

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m.?a. | astorga
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El secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, tildó ayer de «decisión política» la negativa de la comisión de prevención ambiental de la Junta a la instalación de una granja de cebo de ganado porcino en Sopeña de Carneros, en el municipio cepedano de Villaobispo de Otero. Turrado, presente en la reunión que el citado organismo mantuvo el pasado miércoles, expresó su convencimiento de que la comisión, que formaban también funcionarios de varias consejerías, «al ver que el asunto llegó a los periódicos no adoptó una decisión técnica». Turrado aseguró que fue el único presente en la reunión que votó contra la denegación de licencia y realizó «una defensa razonada del proyecto, que desde el punto de vista técnico es impecable, por lo que sólo cabía aprobarlo», dijo. «Emprender un contencioso» «Ahora corresponde al promotor, si lo estima oportuno, presentar alegaciones y, en caso de que éstas le fueran rechazadas, emprender un proceso contencioso, si también lo estima así», añadió. Turrado manifestó su convencimiento de que si el promotor alega, como es su intención según anunció a este periódico, la comisión «dará paso a la iniciativa antes de cometer otra barbaridad como ésta», dijo. «Asaja no permitirá que se tome otra decisión política, si se toma lo denunciaremos. No nos harán tragar con cualquier informe técnico», advirtió. El secretario de la citada organización apuntó que este tipo de instalaciones «deben cumplir unas normas y cuando lo hacen la comisión de prevención ambiental no puede denegarles la licencia. Luego el alcalde correspondiente hará lo que tenga que hacer» respecto a la concesión de aquélla. Turrado confirmó que el citado órgano argumentó las supuestas fugas de purín que podía sufrir la nave para rechazar su ubicación. «Si el proyecto técnicamente no es correcto que lo corrijan, pero no pueden negarle licencia», indicó. «La explotación debe ser estanca, y en su puesta en marcha hay un ingeniero y un director de obra a los que se les puede exigir las responsabilidades civiles y penales que correspondan» llegado el caso, indicó.

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