Justicia para Laciana

EL CALVARIO SOCIAL que desde hace muchos años nos ha tocado padecer en Laciana, siempre se ha contradicho con la falta de respuestas contundentes de todos los que como forma de vida tenemos el Valle. Si por un lado nuestro silencio y el mirar para otro lado en espera de buenas voluntades, nos ha convertido en cómplices incapaces de frenar los abusos que partiendo del empresario minero de turno, han terminado con la práctica desaparición de la Mina de Interior y todo lo que eso significa; por otro transigimos seguir amordazados y faltos de valor social para empezar a afrontar sin reparos el futuro de Laciana por un camino alternativo, lejos de la exclusividad del carbón y las ambiciones del empresario que lo controla. Creo que tanto en la necesidad de exigir seriamente la conservación y el respeto por nuestro entorno natural imprescindible para alternativa de futuro y evitar que una vez más nos marque el signo de la fatalidad de tener que ir con las soluciones detrás de los problemas. Para comenzar sería bueno valorar la tan traída y llevada fecha del 2012, que en el Nuevo Plan del Carbón, aparece como indicativa de algo. Si de antemano manifiesto mi plena confianza en todos los que se encuentran en la elaboración de este Plan del Carbón, por otro, como sobradamente conocedor del comportamiento de este empresario minero frente al cumplimiento de compromisos, acuerdos o responsabilidades, no me queda otra alternativa que seguir pensando en que sus decisiones siempre estarán condicionadas a la codicia económica y a la utilización de sus «métodos» faltos de escrúpulos para aumentarla. He de confesar que la impunidad de la que goza este empresario minero en Laciana, se me escapa de las manos, no logro entender como en un campo precedido de tanta sensibilidad como es Medio Ambiente, nacido al amparo de tanta legislación y con una divulgación increíble, no se obligue a respetar la Ley ambiental a este empresario. Entre todos debemos de frenar esta esquilmación incontrolada y permitida que se está llevando a cabo en Laciana. Quizás se precise una mayor coordinación institucional entre las Administraciones que poseen competencias en materia de Medio Ambiente. Coordinación que tendría que verificarse tanto entre los distintos Ministerios de la Administración Central con campo de acción en lo ambiental, como entre aquellas y las distintas Comunidades Autónomas con un alto grado de competencias transferidas. De todos es sabido que en Laciana desde hace varios años se están permitiendo actividades que se podrían enmarcar dentro del Delito Ambiental, aunque también sabemos que la configuración del Delito Ecológico requiere una definición clara y precisa del bien jurídico «Medio Ambiente». Ante las dificultades de prueba y periciales relativas a la imputación de Delito Ecológico, que nos evitaría llegar a situaciones bochornosas como las que en esta materia se están dando en Laciana, sería muy bueno valorar la necesidad de un Fiscal General de medio Ambiente y del correspondiente colectivo de fiscales especializados. Como creo necesario considerar la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración, en caso de que la omisión grave y manifiesta del deber de ésta en inspección, control y rigor sancionador haya supuesto un agravamiento de los efectos del daño.