El PSOE exige que se investigue el derribo de la casa de Carlos Pinilla

Las Juventudes Socialistas de Valencia de Don Juan pedirán que se abra una investigación sobre el responsable de la autorización del derribo del inmueble situado en la avenida Carlos Pinilla, número 18, para exigirle su dimisión. El edificio, derribado hace varias semanas, ya había sido motivo de polémica y de constantes reivindicaciones desde las Juventudes Socialistas, en voz de Javier Revilla, secretario general de la agrupación socialista de Valencia de Don Juan, que presentaron en su día alegaciones contra su destrucción al Ayuntamiento y a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León. Ahora, la Comisión Territorial de Patrimonio ha considerado improcedente catalogar individualmente edificaciones de arquitectura tradicional sin un estudio detallado propio de un Plan Especial aunque también considera conveniente ampliar el catálogo de los edificios protegidos en el plan general de ordenamiento urbano. En ello se apoyan las Juventudes Socialistas para pedir que se incluyan otros edificios ya solicitados y exigir responsabilidades a quien, desde el Ayuntamiento o cualquier otro organismo, autorizase el derribo, según afirman en un comunicado de prensa. El comunicado afirma que «la autorización del derribo debió ser en previsión de esta resolución de la Junta de Castilla y León, ya que el resto de viviendas aledañas, también adquiridas por la misma empresa constructora, no han sido aún derribadas, lo que evidencia una intencionalidad y filtración de información». Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se asegura que el derribo está autorizado legalmente. El concejal de urbanismo de Valencia de Don Juan, Mariano Fernández, afirma en cuanto al derribo que «el edificio no está contemplado ni por la comisión de patrimonio ni está catalogado por lo que el propietario está en su derecho de pedir una licencia para su derribo y el Ayuntamiento de concedérsela». Según el concejal de Urbanismo, el derribo se llevó a cabo cumpliendo con los dos planes de ordenamiento urbano, «el anterior y este que nos acaban de aprobar», e insiste en la idea de que el plan actual ya estaba aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento cuando se llevó a cabo la demolición del inmueble. En cuanto a los responsables de la autorización del derribo, el concejal Mariano Fernández, afirma que los responsables son «la corporación municipal puesto que está autorizada para ello, ante la tramitación de un propietario particular como ha sido el caso».