Las familias de los seis mineros muertos en la Vasco: «Queremos verdad y justicia»

A las puertas del pozo Emilio del Valle el silencio se podría cortar con un cuchillo. Sólo se oye el leve ruido de los ventiladores y el tintineo de las esquilas de unas ovejas que pastan cerca. Han pasado 361 días del fatal accidente. Es la hora del cambio de relevo. «No nos dejan hablar», «no queremos hablar»... Los mineros salen del tajo a cuentagotas y con la mirada aún tiznada de carbón. Es jueves y ha habido recorrido de seguridad de los delegados sindicales.

El recuerdo de los seis compañeros a los que el grisú apagó la vida hace casi año pesa sobre los que callan y sobre los que se atreven a hablar: «Es algo que tienes presente todos los días. Fue muy duro sacarles fuera del pozo. Los primeros días no era capaz de controlar cuándo les recordaba, ahora sí», concede uno de los compañeros que trabajaba aquel fatídico lunes de octubre. «Es jodido», dice su compañero.

Duelen en la memoria las vidas apagadas por el grisú de José Antonio Blanco, José Luis Arias, Juan Carlos Pérez, Manuel Moure, Orlando González y Roberto Álvarez. «El dolor no se quita», dicen los padres de Moure. No hay recetas. Ni psicólogos pagados por la empresa, ni el paso del tiempo. Ha pasado un año y sus familias aún no son capaces de sustituir el recuerdo de los rostros inertes que contemplaron para identificarles, sobre una camilla.

«Mi hermano estaba con los ojos abiertos y con una sonrisa en los labios. No te imaginas lo que es identificar a un minero, manchado de carbón, en aquella oficina... Es la imagen de la pobreza», dice José Manuel, el único hermano de Orlando González.

«Cierro los ojos y le veo como le vi ese día. Me gustaría recordarle de otra forma, por eso me puse ese cuadro con fotos —dice señalando a la pared del salón— Me siento en el sofá y lo miro», señala María Jesús Oliveira, viuda de Juan Carlos Pérez. «El año ha sido «penoso». En casa y en la mina. El macizo 7 quedó clausurado después de que la gran bolsa de grisú que penetró en el pozo aniquilara el oxígeno y la vida de los mineros. Un año después las familias quieren «verdad y justicia», como resume en un escrito de cinco folios Itziar Ríos Rivas, viuda del minero asturiano José Luis Arias.

Ha pasado un año. Y parece que fue ayer. Ha pasado un año. Y parece que fue mentira. «Todavía espero oír parar a la puerta de casa y que entre. Lo veo tumbado en el sofá hablándome», dice Toñi Fernández. El tiempo se ha convertido en un una nube para la madre de Manuel Moure, quizás porque casi no duerme desde hace un año.

Las familias temen que sus seres queridos se hundan ahora en el pozo del olvido. Por eso, sólo por eso, abren sus puertas y el dolor de sus corazones. «No tenía que haber ocurrido, eso es lo que más duele. Porque la mina avisa», lamenta el padre. José Manuel, minero jubilado. «¿Por qué andaban todo el día saliendo y entrando? Porque había gas, pero el carbón era muy goloso, no necesita ni lavadero», insiste.

De momento, matiza, «todo el mundo es inocente, pero no entiendo que las personas que estaban de responsables ssigan realizando esas labores cuando hay un proceso de investigación en marcha», dice el hombre indignado. Para él, el accidente no es un hecho aislado.

El accidente fatídico ocurrió el lunes 28 de octubre de 2013 cuando el turno de mañana estaba a punto de finalizar. Esa mañana hubo dos subidas de grisú, consta en el informe que ha llegado a las familia: «Una de 3.5 y pararon las máquinas y otra de 5 por la que mandaron desalojar».

No hubo tiempo, ni mucho menos oxígeno, para reaccionar cuando la gran bolsa de grisú —se liberaron 19.000 metros cúbicos de gas metano en 15 minutos— penetró en el macizo 7 del pozo Emilio «provocando que el contenido de oxígeno bajase casi hasta el 1% provocando la muerte por asfixia de los trabajadores que se encontraban en el lugar», como concluye el informe de la Comisión Regional de Minería.

El juzgado de instrucción número 4 de León mantiene abierta la causa por el accidente. En las últimas semanas han desfilado por sus oficinas mineros que trabajaban en el macizo aquella mañana, entre ellos los heridos, como Juanma, que estuvo varios días en coma después del siniestro. «Ahora es la juez la que tiene que determinar si hubo responsabilidades», afirma José Antonio Colinas, miembro del comité de empresa de la Hullera Vasco Leonesa por Fitag-UGT.

El juzgado está a tope de trabajo. Es el encargado de los casos de violencia de género y además, medio año después del acciente en La Vasco, «le cayó» otro asunto no poco complicado: el homicidio de Isabel Carrasco.

La jueza ha encargado un informe pericial independiente y a primeros de mes fue inspeccionado el pozo Emilio. Pretende perfilar las diferencias que muestran las conclusiones de la Comisión Regional de Minería y de la Hullera Vasco Leonesa sobre el origen del accidente: un colapso de la bóveda o una emisión súbita de metano.

La empresa ha aportado tres informes de catedráticos de León, Ovido y Laboratorios Madariaga. Descarta la rotura de la bóveda o de alguna de las estructuras de la galería, y señala a un fenómeno gaseodinámico de invasión súbida imprevista y fuera de lo normal de metano, que impidió que pese a la experiencia de los trabajadores estos pudieran colocarse los autorrescatadores para protegerse. Una emisión súbida de metano en el postaller del macizo 7 relacionada con factores intrínsecamente ligados a las características del carbón del pozo Emilio, según se explica en los informes aportados por la compañía minera.

La empresa minera asegura que cumplía todas las exigencias legalmente establecidas en materia de seguridad. Incluso se habían dispuesto medidas adicionales, dadas las características de la explotación. Igualmente se reconoce que los mineros fallecidos tenían capacitación y experiencia suficientes, pero no pudieron hacer nada frente a una invasión casi instantánea de grisú que eliminó prácticamente por completo el oxígeno en la zona y no les permitió ni siquiera colocarse sus autorrescatadores.

El macizo 7 lleva un año cerrado, y los otros tres en explotación del Pozo Emilio del Valle (el 5, 9 y 11) tienen suspendidas sus actividades desde el pasado mes de marzo. Un abandono momentáneo de la explotación que se justifica por «razones empresariales», y no está relacionado con el accidente. Los mineros volvieron a coger la misma jaula que sus compañeros pocos días después del siniestro, y mantuvieron la explotación hasta la pasada primavera.

La situación límite que atraviesa el sector, y que tiene el futuro de la compañía contra las cuerdas, ha llevado a concentrar la extracción en el flanco sur, que ofrece un mayor rendimiento y cuyo volumen de producción permite atender la demanda que la Vasco tiene actualmente de las empresas eléctricas.

En las galerías del pozo Emilio se llevan a cabo las labores de mantenimiento, a la espera de ver si las decisiones sobre el futuro del sector permiten retomar la actividad para la que está preparada la compañía, y en la que ha volcado sus inversiones en los últimos años. La reestructuración de la actividad productiva para adaptarse a los recortes en las compras por parte de las térmicas es la que ha llevado a tomar la decisión de «suspender de labores, que no cerrar», los tres macizos de esta explotación que pueden seguir funcionando como lo hacían hasta ahora.

El aporte de documentación «es muy voluminosa y técnica», subrayan. Al sumario se suman las numerosas actas de los delegados sindicales de seguridad elegidos por los trabajadores. A día de hoy al macizo 7 sólo acude la Brigada de Salvamento, para tareas de control. Tras esperar los días preceptivos para recuperar el nivel de oxígeno, realizaron las pertinentes exploraciones la autoridad minera, los técnicos de la empresa, el Comité de Seguridad y los sindicatos.

La Comisión Regional de Minería estableció tras el accidente que el macizo 7 estuviera vigilado durante un año para comprobar si se producían más desprendimientos gaseodinámicos, según establece la normativa minera; y mantiene la prohibición de retomar las labores en la zona, que está catalogada de categoría 3 (en la escala de peligrosidad de las distintas explotaciones en función de las características del mineral que albergan).

El diputado de Izquierda Unida por Asturias, Gaspar Llamazares, ha preguntado en el Parlamento por el accidente minero. La respuesta del Gobierno fue transcribir las actas de las comisiones regionales de minería de marzo y abril de este año que exigían a la empresa un proyecto para la explotación de zonas vírgenes, actualizar el proyecto de explotación del pozo Emilio del Valle, que data de 1999, modificar el documento de seguridad y salud, «evaluando el riesgo de una invasión intempestiva de gases como la sucedida», modificar el plan de emergencias del grupo «contemplando los riesgos de este tipo de incidentes por invasión intempestiva de gases, así como los procedimientos y medios de evacuación y salvamento adecuados para un accidente o incidente» como el sucedido hace un año. Al año de la tragedia, el coordinador provincial de IU, Santiago Ordóñez, lamenta que el Gobierno «traslade a la Junta la patata caliente» y que haya recortado a 0 el plan del Carbón, incluida la seguridad minera.

En la jueza y en el fiscal están puestas las miradas de las familias a un año del accidente. «¿Qué pido?», se pregunta a sí misma Itziar Ríos. También se responde: «Justicia y verdad, que el fiscal y el juez si sean responsables y serios en su trabajo, y cualquiera que haya tenido algo que ver con esa masacre pague por ello con penas de cárcel, los años suficientes, comparándolo con lo que se paga por otras víctimas: terrorismo, violencia de género, etc, que no estén a los cuatro días en la calle».

La idea de que «todos sabían que algo iba a ocurrir» está presente en sus conversaciones. «Llevábamos un tiempo que veíamos que quería avanzar mucho. Nos decía: «Si me pasa algo...», señala José Manuel González. «Si me pasa algo alguien se encargará de defenderme», recuerda que le oyó a su hijo el padre de Moure.

«Menos de dos días antes me dijo dónde estaban todos los papeles y qué hacer con su cuerpo en caso de que le pasara algo en el trabajo», asegura la viuda de José Luis Arias. «Mi marido ese fin de semana lo dijo, pero de ahí a que llegara a pasar lo que pasó...», añade María Jesús Oliveira, consciente de que «va a ser un proceso largo».

Han pasado doce meses. Elena, viuda de minero, es una de las numerosas personas que envió una carta de pésame a las familias tras el accidente del pozo Emilio del Valle. «Soy viuda desde hace 21 años: Por eso les digo que sean fuertes y saquen fuerzas para luchar, que va a ser muy duro y que si creen que hubo alguna falta de seguridad por parte de la empresa, no lo duden y luchen por sus derechos. A mí me costó 12 años, pero los jueces al fin me dieron la razón», reza el escrito de su puño y letra.

Las familias han cobrado el seguro de accidente del convenio que la empresa tiene contratado con una compañía, unos 12.000 euros en el caso de Orlando González, el único soltero, según declara su único hermano, José Manuel González.

Manuel Moure, María Jesús Oliveira y José Manuel González también esperan «que se haga justicia». Itziar Ríos vive con el pesar de que su marido pudo ser salvado y el reproche a quienes considera responsables: «Yo me enteré cuando leí el informe de la empresa, con las declaraciones de estos dos señores firmadas por ellos, en las que decían que le habían encontrado con signos vitales, le movieron 100 metros y cuando quedaban 50 para la salida, le dejaron para sacar a otro que entraba con autorescatador y más gente y se mareaba, ¿no podían sacarle los otros y ellos seguir con el herido que traían?», señala en su carta. No puede olvidar que su marido se iba a prejubilar este año. «Estaban casi todos para prejubilarse, Orlando, mi hermano, a finales del 2014», señala José Manuel González para quien Juanma, el minero que entró a rescatar «es una víctima más, una víctima olvidada».

La sombra de la duda planea sobre la empresa que, dos meses antes, había despedido a dos ingenieros que se negaron a una tarea por motivos de seguridad. «A uno le han tenido que readmitir y al otro pagarle», recalca el padre de Moure.

«Ha sido un año extraño, no te haces a la idea. Contaba con él para hacerlo todo», añade mientras asciende por la cuesta de la ermita de Paradilla. El camino está recién cementado. «Lo hizo él y lo estreno él», comenta. Orlando era el presidente del pueblo donde se criaron y donde mantienen la casa familiar. Su madre tiene 82 años y está destrozada, como las otras madres, aunque «le ha echado mucho valor y pasó aquí el verano».

El silencio se masca en la comarca. «Cuando ocurrió el accidente todo el mundo iba a hablar... pero ahora», reflexiona. «No quiero que quede la imagen de los mineros que van por la carretera, les han convertido en unos personajes que con la prejubilación los vendieron», lamenta. Su hermano está enterrado en el pequeño cementerio de Paradilla. «Él y yo tuvimos el papel para entrar en la mina. Yo no me decidí», recuerda.

Orlando, Roberto, José Luis, Juan Carlos, Moure, José Antonio, Tori, perecieron el accidente más grave de la cuenca de Santa Lucía-Matallana desde 1952, cuando el Socavón se cobró la vida de nueve mineros. «Un cuñado mío murió allí. Tenía 28 años y dejó dos hijas y esposa. ¿Tú sabes lo que imponen siete cajas?», comenta Ángeles Robles Arias en la plaza El Pisón de Santa Lucía de Gordón. En aquel entonces, tardaron varios días en sacar todos los cuerpos y se celebró un funeral con los siete primeros. «El año pasado fue horroroso, cuando subía la cuesta del hospital me temblaban las piernas y aquellas seis cajas... las familias», añade.

Las vecinas descansan del día y de una vida de «mucho sacrificio» en el banco de la plaza. Tienen entre 83 y 89 años y han visto mucho. «Aquí murió mucha gente, muchísimos... Accidentes de uno, dos o incluso tres, pero los más gordos fueron esos dos», apostillan. «Eran años malos, había pasado la guerra. Ahora hay cosas que no había entonces», apuntan.

Porque fueron muchos los que murieron engullidos en el vientre de carbón de las montañas gordonesas la placa de homenaje que los mineros del pozo Emilio del Valle preparan para recordar a sus compañeros no lleva nombres ni apellidos: «Por todos los fallecidos en la mina». Una oración a Santa Bárbara, la patrona de los mineros, y la fecha del 28 de octubre de 2014 son todo lo que va escrito en la placa.

«No estaban las cosas tan adelantadas como ahora», concede otra. «Sí, ahora todo está mejor, mejor... pero los seis allí quedaron», apostilla Maruja Rivero. Todas son viudas de mineros. Por suerte, los suyos, no murieron en un accidente. Saben que el dolor de las familias es inimaginable. A Rosario Gutiérrez se le saltan las lágrimas. Han visto crecer huérfanas a las hijas y a los hijos: «Mi sobrina Conchi había nacido el 29 de febrero, ya ves era año bisiesto, y el accidente fue el 6 de mayo de 1952».

La mina dio todo a la cuenca y los mineros lo dieron todo a la mina. En los años 60, recuerdan las mujeres, «morían silicosos perdidos y no se conocía la enfermedad», apunta Rosita Bayón. «Son los últimos coletazos», afirma un minero a la salida del tajo. Los tres turnos del pozo Emilio sacan la hulla en la zona que la Vasco Leonesa donde empezaron las labores mineras subcontratas con mineros húngaros. El año ha estado marcado por la tragedia, por los expedientes de regulación de empleo, una bajada de salarios del 11% y muchas bajas por enfermedad. «Es la reforma laboral. Quien puede... Se gana más de baja que trabajando», explica un minero sin pelos en la lengua. Hay trabajo, «ahora no damos abasto a sacar carbón».

Una pena silenciosa recorre el pueblo, donde este curso por primera vez no hay escuela. La mayoría de los mineros salen del pozo por Llombera hacia La Robla y Matallana y, el autobús, rumbo a León. La gente está pendiente de la misa de cabo de año. «No hay justicia, se lavan las manos», dice los vecinos en el bar. La imagen de la empresa modélica ha caido en picado, «la gente ya no tiene fe en la empresa», dice un jubilado. Muchos, empezando por Manuel Moure, culpan al director. «No es ingeniero de minas, es economista», subrayan. Ya casi no se ven mineros en Santa Lucía. Hubo 2.000 trabajadores en la cuenca y ahora son la cuarta parte. La mayoría viven en León. «Fuimos todo y ahora no somos nada», dicen las viudas que respiran el aire junto al río Bernesga mientras caen las hojas un otoño más.

«No me rendiré nunca», advierte el padre de Moure. Caminó más de 40 kilómetros de Ciñera a León para reivindicar «justicia» para su hijo. Y caminará a Estrasburgo «si hace falta».