«La ley que no es clara no es ley»

D e la claridad del lenguaje jurídico depende el Estado de derecho». Lo asegura taxativo Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1947), jurista de larga trayectoria, secretario de la Real Academia Española y director del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ). Más de 400 juristas y catedráticos han trabajado con académicos de las dos orillas del español en esta obra crucial que alcanza las 40.000 voces partiendo del diccionario del español jurídico, elaborado entre el Consejo General del Poder Judicial y la RAE, y al que incorpora sensibles mejoras. «Una ley que no es clara no cabe considerarla como ley, tiene dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», recuerda Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y director de esta magna obra. Se presentó el viernes en Salamanca, en un acto solemne presidido por el rey en el Paraninfo de la la centenaria universidad, en presencia de las más altas magistraturas de ambos lados del Atlántico y los directores de todas las academias hispanas.

Contiene el DPJE definiciones enriquecidas con indicaciones de uso de cada palabra o locución y con documentos extraídos de leyes o jurisprudencia. Sus dos volúmenes suman 2.220 páginas que acogen 40.000 acepciones —el doble que su antecesor español—, con léxico procedente de todos los países hispanos. Su ‘hermano mayor’ ya se puede consultar en línea en la web de la RAE. «Queremos que este, su expansión y corrección, esté en red la próxima primavera», aclara el secretario de la RAE.

«No debería faltar en ninguna cátedra, bufete, redacción o empresa en las dos partes del océano», dice Muñoz Machado de una obra dirigida «en especial a jueces, abogados, magistrados, juristas, registradores, lingüistas, filólogos y ciudadanos corrientes» de todas las áreas del español. Es la primera en su ámbito que recoge las variedades americanas y su jurisprudencia e incluye palabras de quechua o de otras lengua indígenas «incorporadas a la Constitución de países como Bolivia y Ecuador y que son la base de su derecho». Pero quiere ser de una utilidad directa para el ciudadano, «que ha de entender una sentencia, una hipoteca, un contrato o un seguro» y «en especial a quienes tienen que explicar algo a los demás, como los periodistas», dice Muñoz Machado. «Si el legislador hace leyes que no se entienden, ofende al Estado de derecho», insiste el académico. «Si la jurisprudencia produce sentencias que no comprenden los ciudadanos, no podrán reclamar ni recurrirlas», señala. «Hablar claro es una manera de ser cortés, pero la claridad del lenguaje de los juristas trasvasa la mera cortesía y es una obligación para juristas y legisladores», dice. «Quienes imponen regulaciones obligatorias a los ciudadanos y adoptan decisiones vinculantes han de expresarse con claridad», remacha.

En la redacción del diccionario han participado 400 profesores, catedráticos y especialistas en Derecho, a los que se suman juristas de todos los países americanos y miembros de todas las academias de la lengua. No se limitan al aporte de nuevos términos desde cada nación y ofrecen cuantas acepciones hay de un mismo lema. «Establecemos el canon, el código, la compilación de nuestro lenguaje en su totalidad en una versión del español universal», dice su director. «Queremos establecer las bases para que se mantenga la unidad de fundamento jurídico, de conceptos e ideológica del derecho que se aplica en una y otra parte del Atlántico», aseguró el especialista.